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A través del llamado movimiento de «cultura de los derechos», en las décadas de los años ochenta y noventa, la sociedad civil latinoamericana ha impulsado un sugerente cambio del diseño institucional. Una de las instancias que surge de este cambio es la Defensoría del Pueblo de Perú, una institución de garantía de derechos fundamentales que ha forjado e impulsado su legitimidad a lo largo de estos años, en gran parte gracias a sus investigaciones e informes sobre los distintos problemas que afectan a la ciudadanía, con los que ha conseguido importantes modificaciones en la legislación, en la actuación de la Administración Pública así como en la prestación de los servicios públicos. En consecuencia, desde la creación de la Defensoría del Pueblo, mediante sus intervenciones se ha logrado que la mayoría de los derechos fundamentales no sean únicamente un cúmulo de declaraciones, sino que sean tomados en serio por los poderes públicos peruanos., Through the movement called «culture of rights», in the 1980's and nineties, the Latin American civil society has prompted an attractive change to the institutíonal design. One of the instigations that aróse from this change, was the Ombudsman of Perú, an institution that guarantees the fundamental rights and has forged its legítimacy during these years, largely due to their investigations and reports on the different problems that affect citizenship and have achieved important modifications to legislation, in the performance of Public Administrations as well as benefit the public services. As a result of the creation of the Ombudsman and their múltiple interventions it has been achieved that the fundamental rights are not just declarations on paper but actually taken seriously by the Peruvian public authorities.

Premio Extraordinario de Doctorado de la UAH en el año académico 2015-2016, La tesis "Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú" aborda el tema de la justicia transicional tomando como base de las actuaciones del Defensor del Pueblo en estos tres países. En este estudio comparado se parte de la premisa de que el diseño institucional del Defensor del Pueblo en España como institución de garantía se gestó, de acuerdo con la bibliografía consultada, dentro de un contexto de transición para la defensa de los derechos fundamentales. La actuación de estas tres instituciones del Defensor del Pueblo se observa a través de sus rendiciones de cuentas anuales, el denominado Informe Anual que realizan ante el Congreso. El marco temporal de esta reflexión se inicia con el primer informe anual de esta institución de garantía y llega hasta el 2010. En el primer capítulo se pergeña el ámbito de la justicia de transición, los esfuerzos y los mecanismos del derecho a la justicia, derecho a la verdad, derecho a las reparaciones y las garantías de no repetición. En el segundo capítulo se describe los procesos de transición y los ombudsmen. La institución del Defensor del Pueblo tiene su punto de partida en el Ombudsman sueco. Sin embargo, a lo largo de su historia institucional en diferentes países y zonas geográficas ha sufrido procesos de adaptación en sus diferentes adopciones. En el caso de la península ibérica, España y Portugal, esbozan un ombudsman muy diferente al sueco. Se ocupa de su labor tradicional de intermediar entre la ciudadanía y la Administración y, a su vez, con la tarea de la defensa de los derechos fundamentales. En el ámbito latinoamericano la identidad institucional, por lo general, es la defensa de los derechos fundamentales e igualmente la supervisión de la Administración estatal. A su vez, el paradigma de los derechos humanos ha impulsado que los Convenios y Tratados internacionales sobre derechos humanos no queden solamente en declaraciones y para ello, han ido erigiéndose las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), a la que muchos Defensores del Pueblo se han adherido y con ello, adquieren ciertas obligaciones, entre las que destacan las vinculadas al ámbito de justicia de transición, pues deben ser muy proactivos, por ejemplo, en el tema de desapariciones y garantías de no repetición, entre otros aspectos. Se ha valorado cómo las INDH/Defensores del Pueblo han cumplido con estas obligaciones, dependiendo de si han quedado reflejadas en los Informes anuales. Esto ha permitido observar que no todos han actuado igual, muchas veces, influidos fuertemente por el contexto, como la transición en el caso español. En el capítulo III se aborda el tema de derechos humanos, indicadores y justicia transicional. Ahí se realiza la sugerencia de que las medidas (políticas públicas que se traducen en programas o proyectos) que se implementen en la justicia de transición en justicia, verdad, reparación o garantías de no repetición sean monitoreadas a través de una matriz de seguimiento e indicadores propuestos por Naciones Unidas, que podrían ser introducidos en los informes anuales. Y finalmente, el cuarto capítulo, se presentan los Informes Anuales de los tres países en lo que respecta a sus actuaciones en justicia de transición. En España entre 1983- 2010, en Guatemala entre 1987- 2010 y en Perú entre 1996- 2010.