- Funes Beltrán, Tamara
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Actualmente, afirmar que las nuevas tecnologías no solo predominan, sino que dominan por completo todos los sectores económicos y sociales habidos y por haber resulta una obviedad a día de hoy. Y es que, han surgido una infinidad de realidades derivadas de la inteligencia artificial – como, por ejemplo, blockchain, legaltech, los jueces robots, justicia predictiva…- que provocan que la legislación vigente quede rápidamente obsoleta. Este nuevo paradigma ha obligado a los Estados a implementar la digitalización en sus funciones y, necesariamente, a modernizar sus instituciones para un correcto funcionamiento en la denominada Era digital. En este sentido, los ordenamientos jurídicos no han sido ajenos a esta situación, lo que ha supuesto, por un lado, a los legisladores nacionales tener que llevar a cabo grandes cambios normativos, no solo en el llamado derecho material, sino que, irremediablemente ha repercutido en las normas procesales y en los procedimientos administrativos. Desde el punto de vista de la Administración de Justicia, esta realidad social “tecnológica” pone de relieve la utilidad de los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas al servicio de una mejor y más eficiente gestión de los recursos públicos en el proceso de digitalización. En el seno de nuestro marco normativo, debemos mencionar en primer lugar, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, a través de la cual se estableció un verdadero marco tecnológico para el servicio público de Justicia, más allá de la utilización de herramientas tecnológicas concretas como el ordenador o los sistemas de gestión procesal. Tras ella, continuaron otras reformas en relación con el entorno digital a través de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y en el ámbito judicial, desde el año 2015 fueron surgiendo muchos cambios a raíz de la adopción de medidas relacionadas con la agilización de los procesos judiciales (por ejemplo, las subastas electrónicas, Lexnet, medidas durante la época Covid…). No obstante, entre los instrumentos normativos más recientes, debemos destacar el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, cuya entrada en vigor se produjo el 21 de diciembre de 2023, por el cual se introducen una serie de reformas legislativas, y cuya implementación devenía imprescindible para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea tras la aprobación del Plan de Recuperación de España. Este Real Decreto se encuentra dividido en un total de cuatro libros, 129 disposiciones, y numerosas disposiciones adicionales, finales y transitorias. De todo este contenido debemos destacar las denominadas Medidas de Eficiencia Digital y Procesal del Servicio Público de Justicia, recogidas en el Libro I, que tiene por objeto «regular la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas y los y las profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de administraciones públicas, y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas y dependientes». Y especialmente, las disposiciones recogidas en su Título VIII, donde se regulan las Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia por cada orden jurisdiccional: artículo 101, que modifica la LECrim; artículo 102, que modifica la Ley reguladora de la Jurisdicción contenciosa; el artículo 103, que modifica la LEC; y el artículo 104, que la Ley de la Jurisdicción social. Es por ello que, en este nuevo contexto en el que la tecnología o la digitalización se convierte en un instrumento indispensable en el desarrollo de la Administración, y contribuye a la mejora de la eficiencia de los servicios públicos, existe una contrapartida, es decir, que su implementación conlleva una responsabilidad a los poderes públicos de establecer un marco normativo coherente. Evidentemente, la extensión de este trabajo no permite analizar el contenido de todas estas medidas, y por ello, nos vamos a limitar a valorar aquellas relacionadas con la Administración de Justicia, y especialmente, con las medidas previstas en el artículo 103 que reforman la LEC. En este sentido, el legislador indica en el propio preámbulo que el texto ha normativo ha respetado la doctrina jurisprudencial del TEDH y del TC «asimilándose la perspectiva tecnológica desde una concepción instrumental en la que la relación electrónica entre los ciudadanos y ciudadanas y los órganos judiciales sólo se sitúa como un mecanismo de interacción más ágil, respetando como esencia insustituible de la potestad jurisdiccional las misiones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a cuyo servicio y al de las garantías procesales ha de adaptarse necesariamente la tecnología para permitir su plena satisfacción». Por ello, en la regulación de estas medidas deben garantizarse los derechos fundamentales, y en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la CE. Este derecho contempla diferentes manifestaciones, entre ellas, el derecho de acceso al proceso en igualdad de condiciones en todo el territorio del Estado, y que obliga a suprimir todos los obstáculos o limitaciones irrazonables que impidan el acceso al proceso. A colación de ello, el texto en cuestión tiene una novedad, al reconocer a la ciudadanía el derecho a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicios accesibles de la Administración de Justicia. A su vez, para garantizar este reconocimiento a toda la ciudadanía, el legislador es consciente que existe un obstáculo aun mayor cuando se trata de personas con discapacidad o personas mayores. Esta parte de la población requiere de unas medidas especiales que eviten desigualdades con el resto, o se pueda vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. Y por ello, conscientes de la brecha generacional en relación con las nuevas tecnologías, el legislador introduce unas modificaciones en nuestra LEC con el propósito de crear un servicio público de Justicia inclusivo y amigable, con la finalidad de evitar que este sector poblacional vea perjudicados sus derechos a la hora de relacionarse con la Administración de justicia en condiciones de igualdad. Así pues, se incorpora el artículo 7 Bis que recoge los ajustes para las personas con discapacidad y personas mayores – se trata de dos supuestos distintos que pueden darse o no en un mismo sujeto- de aplicación a los procesos civiles en los que participen, y de aplicación supletoria al resto de órdenes jurisdiccionales. El legislador considera como personas mayores aquellas con 65 años o más, como personas que pueden solicitar estos ajustes o medidas de apoyo, y en cualquier caso, cuando tengan 80 años o más, podrá ser aplicadas también de oficio. Estas adaptaciones se pueden realizar en todas las actuaciones procesales, con independencia de la fase procesal, incluso se pueden aplicar a los actos de comunicación. Algunas de las medidas reconocidas son, por ejemplo, el uso de un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que se tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil; y no solo en relación con su comprensión, sino también de su comunicación con el órgano jurisdiccional; o permitir que se encuentren acompañados por una persona de su confianza. Por otro lado, se reconoce carácter de tramitación preferente a aquellos procedimientos, independientemente de su fase de tramitación, cuando alguna de las partes interesadas sea una persona con una edad de ochenta años o más. En definitiva, esta reforma permitirá a las personas mayores defender sus intereses de forma más efectiva, independientemente de su edad o de sus posibles limitaciones.