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Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La aplicación de las distintas medidas de apoyo a las personas con discapacidad por la autoridad judicial tras la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio

  • Noriega Rodríguez, Lidia
Introducción. La aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha introducido un nuevo contexto legal en relación a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad jurídica, mediante la reforma de distintas normas sustantivas y procesales. De esta forma, el objetivo fundamental de la norma es dotar las medidas adecuadas para que en el ejercicio de la capacidad jurídica, se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, tratando de evitar así que existan conflictos de intereses e influencia indebida; las citadas medidas se deben caracterizar por ser proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, aplicarse en el plazo más corto posible, y estar sujetas a exámenes periódicos por parte de la autoridad judicial competente, independiente e imparcial. [...], Agencia Estatal de Investigación | Ref. PID2019-106700RB-I00, Agencia Estatal de Investigación | Ref. PID2020-113083GB-I00, Agencia Estatal de Investigación | Ref. TED2021-130078B-I00
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Publicación Otros (Other)

La mediación

RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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Claves para la efectividad del ejercicio de la acción civil ex delicto. Especial referencia a contextos de discapacidad

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
El Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre «por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia, entre otras, de servicio público de Justicia» afronta un reforma llevada al seno del proceso penal, pero que tiene su causa en el derecho y proceso civil; una reforma, aparentemente menor, pero ciertamente significativa, en lo que constituye el despertar del legislador a la necesidad de dar forma al régimen de la discapacidad en el Ordenamiento Jurídico español. El cambio afecta al art. 109 LECrim y el ofrecimiento de acciones, y tiene plena incidencia en el derecho a ejercitar la acción penal y civil ex delicto, que corresponde tanto a la persona que reúne la doble condición de ofendida y perjudicada, cuanto a la persona que sufre el daño que el delito causa e interviene en el proceso en calidad de perjudicado, particularmente en los supuestos en los que se encuentra en situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad. A ese avance, sin embargo, han de sumarse los que permitan superar la insuficiencia del régimen al que, en el modelo vigente, viene sujeto el ejercicio de la acción civil en el proceso penal y antes, o al mismo tiempo, corregir importantes disfunciones en la fase de ejecución de las sentencias condenatorias al pago de una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Las próximas páginas contienen el análisis de las que son, o pueden llegar a ser, las claves que dotan de efectividad al ejercicio del derecho del ofendido o perjudicado por el delito a ser reparado, y no sólo económicamente.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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Aspectos negociales de la conformidad de la persona jurídica

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
Desde su incorporación en el año 2010, la complementación y mejora del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas continúa siendo una asignatura pendiente del legislador español. A la vista de sus deficiencias, desde entonces y hasta la fecha, la jurisprudencia se ha ocupado de solventar importantes problemas interpretativos y de aplicación de las disposiciones y preceptos que lo conforman y, a cubrir los silencios que, en el plano procesal y contrariamente al que había de ser su objeto, dejaba una bien intencionada, pero insuficiente, Ley 37/2011, de 10 de octubre. Como es sabido, la norma se limitó a regular aspectos nucleares del régimen procesal que corresponde a la persona jurídica encausada; régimen que, en particular, incluye la posibilidad de que, al igual que la persona física, la jurídica pueda prestar conformidad. Como a lo largo de estas páginas se tendrá ocasión de evidenciar, la conformidad es uno de los escenarios procesales que, con mayor viveza, refleja los, no siempre medidos, efectos de la conversión de una entidad o persona jurídica en sujeto pasivo del proceso penal y, en consecuencia, marco en el que, junto a la que conlleva este instituto, aflora la singular problemática que resulta de la dificultad de trasladar a un sujeto jurídico, el régimen de intervención procesal originariamente previsto para un sujeto o persona física. Conscientes de que la idea de conformidad está ligada a la de negociación con la acusación y de que, aunque en la letra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conformarse no ha de comportar una minoración de la pena, en su caso, a imponer, estas líneas recogen las conclusiones que resultan del análisis de los innegables aspectos negociales que rodean esta institución, muy acusados en las conformidades que acogen las personas jurídicas.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La eficacia de los MASC como presupuesto de su eficiencia en la gestión de conflictos derivados de incumplimientos contractuales, The effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms in the management of conflicts arising from contractual breaches

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
Los desafíos a los que ha de enfrentarse la sociedad actual, particularmente en contextos de crisis e incertidumbre como los surgidos en esta tercera década de siglo, en los que la conflictividad crece y se diversifica, obligan a articular estrategias que permitan afrontar esta compleja realidad. La adecuada gestión del alto número de conflictos provocados por la vulnerabilidad nacida de la crisis ha de ser un objetivo prioritario, y su consecución pasa por abordar importantes reformas legales, particularmente de índole procesal, que posibiliten una profunda transformación del modelo de justicia civil y mercantil, que redunde en beneficio de la efectiva tutela de los derechos de personas y empresas, entendiendo por tal, la que resulta una tutela pronta y de calidad. A tal efecto, urge la inserción, junto al proceso judicial, de instrumentos y métodos que permitan la autocomposición de los conflictos surgidos entre personas físicas, jurídicas o, entre unas y otras; instrumentos y métodos dotados de una regulación sólida, coherente, eficaz y eficiente, que haga de ellos, herramientas procesales válidas para ofrecer soluciones en el presente y de futuro. Las páginas que siguen acogen el análisis y valoración crítica de posibles fórmulas a articular, particularmente en el marco de los incumplimientos contractuales por causas extraordinarias, junto a la propuesta de soluciones procesales que, al tiempo que contribuyan a una mejora de la respuesta a este tipo de conflictividad, sirvan para mitigar la dificultad en la que se debate el proceso civil actual.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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Fortalecer el servicio público de Justicia, transformar el modelo, mejorar la calidad de la Justicia que se administra, Strengthen the public service of justice, transform the model, improve the quality of justice administered

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
El designado como Proyecto de Ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia del año 2022 ha vivido una lenta, amplia y, a pesar del aparente debate al que se invitaba, silenciosa tramitación que incluye un periodo de hibernación, que parece haber concluido. El día 22 de marzo de 2024 vio la luz el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de Justicia. En el equinoccio de esta nueva estación, se han visto renovadas expectativas pero también dudas surgidas en torno al texto anterior, a la vista de los cambios —leves, en opinión de algunas voces, y esenciales, según otras— que incorpora la nueva norma. La incorporación de los MASC al sistema de justicia civil es uno de los aspectos más significativos de esta reforma, que sirve al fortalecimiento del servicio de justicia y, fundamentalmente, al logro de la siempre buscada calidad de la Justicia. El inicio de la tramitación de esta nueva norma brinda nueva oportunidad de operar una profunda transformación del modelo de justicia vigente en España, de todo punto, precisa.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
Publicación Otros (Other)

La potencialidad de los MASC, en general, y de la mediación en particular en ámbitos conflictuales complejos que afectan a personas o empresas

RUC. Repositorio da Universidade da Coruña
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

No va sobre ética, va sobre democracia. El diseño algorítmico y la justicia penal

  • Ferreiro Baamonde, Xulio
[Resumen] La Inteligencia Artificial está siendo introducida en juzgados y tribunales con la intención de aumentar la eficacia y la eficiencia en su funcionamiento. Las tecnologías algorítmicas se están haciendo un hueco en la gestión procesal, en las técnicas de investigación penal o entre los medios de prueba, por poner algún ejemplo. Especialmente relevante comienza a ser su utilización en el ámbito del proceso penal, donde instrumentos como los algoritmos de valoración del riesgo o las herramientas de evaluación del testimonio están cobrando una progresiva importancia a nivel internacional, con lo que previsiblemente impactarán —si no lo están haciendo ya— en la forma en la que se trata el fenómeno delictivo y se imparte justicia. Entre los múltiples desafíos que genera la introducción de la Inteligencia Artificial en el proceso penal, uno que debe considerarse especialmente relevante es el del diseño jurídico-político de las herramientas algorítmicas. Aunque la percepción inicial, y podría decirse que intuitiva, es la de considerar la configuración de las aplicaciones de Inteligencia Artificial como una cuestión meramente técnica, lo cierto es que, como se abordará en el presente trabajo, tal asunción es desmentida cuando se examina con algo de detenimiento., El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto I+D+i «Transición Digital de la Justicia», Proyecto estratégico orientado a la transición ecológica y a la transición digital del Plan Estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ministerio de Ciencia e Innovación, financiado por la Unión Europea: Next Generation UE, con REF. RED 2021-130078B-100. IP: Sonia Calaza López. Ha sido también realizado en el marco de los Proyectos I+D+i «La responsabilidad de la inteligencia artificial: un desafío para las ciencias penales» (PID2020-112637RB-I00), financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, del Ministerio de Economía y Competitividad, entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 2024, cuyos IPs son Patricia Faraldo Cabana y José Ángel Brandariz García y en el Proyecto «Research, Intelligence and Technology for Heritage and Market Security (RITHMS), financiado por la Unión Europea a través del programa HORIZON-RIA, dirigido por la Dra. Arianna Traviglia. Parte de su elaboración ha tenido lugar, además, durante la realización de una estancia de investigación en la Facultad de Derecho de UCLA (Los Angeles, California), para cuya financiación se contó con ayuda del Ministerio de Universidades (Estancias de profesores e investigadores sénior en centros extranjeros. Programa «Salvador de Madariaga») y de la Fundación Manuel Serra Domínguez.