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RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La mediación

RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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Claves para la efectividad del ejercicio de la acción civil ex delicto. Especial referencia a contextos de discapacidad

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
El Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre «por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia, entre otras, de servicio público de Justicia» afronta un reforma llevada al seno del proceso penal, pero que tiene su causa en el derecho y proceso civil; una reforma, aparentemente menor, pero ciertamente significativa, en lo que constituye el despertar del legislador a la necesidad de dar forma al régimen de la discapacidad en el Ordenamiento Jurídico español. El cambio afecta al art. 109 LECrim y el ofrecimiento de acciones, y tiene plena incidencia en el derecho a ejercitar la acción penal y civil ex delicto, que corresponde tanto a la persona que reúne la doble condición de ofendida y perjudicada, cuanto a la persona que sufre el daño que el delito causa e interviene en el proceso en calidad de perjudicado, particularmente en los supuestos en los que se encuentra en situación de vulnerabilidad por razón de discapacidad. A ese avance, sin embargo, han de sumarse los que permitan superar la insuficiencia del régimen al que, en el modelo vigente, viene sujeto el ejercicio de la acción civil en el proceso penal y antes, o al mismo tiempo, corregir importantes disfunciones en la fase de ejecución de las sentencias condenatorias al pago de una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Las próximas páginas contienen el análisis de las que son, o pueden llegar a ser, las claves que dotan de efectividad al ejercicio del derecho del ofendido o perjudicado por el delito a ser reparado, y no sólo económicamente.
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Aspectos negociales de la conformidad de la persona jurídica

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
Desde su incorporación en el año 2010, la complementación y mejora del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas continúa siendo una asignatura pendiente del legislador español. A la vista de sus deficiencias, desde entonces y hasta la fecha, la jurisprudencia se ha ocupado de solventar importantes problemas interpretativos y de aplicación de las disposiciones y preceptos que lo conforman y, a cubrir los silencios que, en el plano procesal y contrariamente al que había de ser su objeto, dejaba una bien intencionada, pero insuficiente, Ley 37/2011, de 10 de octubre. Como es sabido, la norma se limitó a regular aspectos nucleares del régimen procesal que corresponde a la persona jurídica encausada; régimen que, en particular, incluye la posibilidad de que, al igual que la persona física, la jurídica pueda prestar conformidad. Como a lo largo de estas páginas se tendrá ocasión de evidenciar, la conformidad es uno de los escenarios procesales que, con mayor viveza, refleja los, no siempre medidos, efectos de la conversión de una entidad o persona jurídica en sujeto pasivo del proceso penal y, en consecuencia, marco en el que, junto a la que conlleva este instituto, aflora la singular problemática que resulta de la dificultad de trasladar a un sujeto jurídico, el régimen de intervención procesal originariamente previsto para un sujeto o persona física. Conscientes de que la idea de conformidad está ligada a la de negociación con la acusación y de que, aunque en la letra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conformarse no ha de comportar una minoración de la pena, en su caso, a imponer, estas líneas recogen las conclusiones que resultan del análisis de los innegables aspectos negociales que rodean esta institución, muy acusados en las conformidades que acogen las personas jurídicas.
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La eficacia de los MASC como presupuesto de su eficiencia en la gestión de conflictos derivados de incumplimientos contractuales, The effectiveness of alternative dispute resolution mechanisms in the management of conflicts arising from contractual breaches

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
Los desafíos a los que ha de enfrentarse la sociedad actual, particularmente en contextos de crisis e incertidumbre como los surgidos en esta tercera década de siglo, en los que la conflictividad crece y se diversifica, obligan a articular estrategias que permitan afrontar esta compleja realidad. La adecuada gestión del alto número de conflictos provocados por la vulnerabilidad nacida de la crisis ha de ser un objetivo prioritario, y su consecución pasa por abordar importantes reformas legales, particularmente de índole procesal, que posibiliten una profunda transformación del modelo de justicia civil y mercantil, que redunde en beneficio de la efectiva tutela de los derechos de personas y empresas, entendiendo por tal, la que resulta una tutela pronta y de calidad. A tal efecto, urge la inserción, junto al proceso judicial, de instrumentos y métodos que permitan la autocomposición de los conflictos surgidos entre personas físicas, jurídicas o, entre unas y otras; instrumentos y métodos dotados de una regulación sólida, coherente, eficaz y eficiente, que haga de ellos, herramientas procesales válidas para ofrecer soluciones en el presente y de futuro. Las páginas que siguen acogen el análisis y valoración crítica de posibles fórmulas a articular, particularmente en el marco de los incumplimientos contractuales por causas extraordinarias, junto a la propuesta de soluciones procesales que, al tiempo que contribuyan a una mejora de la respuesta a este tipo de conflictividad, sirvan para mitigar la dificultad en la que se debate el proceso civil actual.
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Fortalecer el servicio público de Justicia, transformar el modelo, mejorar la calidad de la Justicia que se administra, Strengthen the public service of justice, transform the model, improve the quality of justice administered

  • López Yagües, Verónica
  • López Yagües, Verónica|||/items/d344d345-f5f2-491e-bc0c-8e3e3c24ab54
El designado como Proyecto de Ley de medidas de eficiencia del servicio público de justicia del año 2022 ha vivido una lenta, amplia y, a pesar del aparente debate al que se invitaba, silenciosa tramitación que incluye un periodo de hibernación, que parece haber concluido. El día 22 de marzo de 2024 vio la luz el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio público de Justicia. En el equinoccio de esta nueva estación, se han visto renovadas expectativas pero también dudas surgidas en torno al texto anterior, a la vista de los cambios —leves, en opinión de algunas voces, y esenciales, según otras— que incorpora la nueva norma. La incorporación de los MASC al sistema de justicia civil es uno de los aspectos más significativos de esta reforma, que sirve al fortalecimiento del servicio de justicia y, fundamentalmente, al logro de la siempre buscada calidad de la Justicia. El inicio de la tramitación de esta nueva norma brinda nueva oportunidad de operar una profunda transformación del modelo de justicia vigente en España, de todo punto, precisa.
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La potencialidad de los MASC, en general, y de la mediación en particular en ámbitos conflictuales complejos que afectan a personas o empresas