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RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: especial referencia al caso de España, The prohibition of collective expulsions of foreign nationals in the jurisprudence of the European Court of Human Rights: a special reference to the case of Spain

  • Soler García, Carolina
  • Soler García, Carolina|||/items/9f515a39-e1e1-45c7-aab2-48585da21516
El presente trabajo está dedicado al estudio de la jurisprudencia del TEDH sobre la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros y, más en particular, la relativa a las denominadas “devoluciones en caliente” llevadas a cabo en la frontera hispano-marroquí. El TEDH ha dejado claro en los siete casos en los que ha concluido la violación por un Estado parte de la prohibición de las expulsiones colectivas, que la gestión de los flujos migratorios no puede conllevar la adopción de políticas incompatibles con el CEDH. Por tanto, la prohibición recogida en el art. 4 del Protocolo n. 4 al CEDH es aplicada a la hora de limitar las competencias de los Estados parte en materia de expulsión de extranjeros. En concreto, en la sentencia N.D. y N.T. c. España, el TEDH ha señalado que las prácticas conocidas como “devoluciones en caliente”, previstas en la normativa española, son contrarias al CEDH por tratarse de expulsiones colectivas de extranjeros de conformidad con su jurisprudencia anterior en este ámbito. De cara al futuro falta por comprobar las posibles repercusiones que esta jurisprudencia va a conllevar para los Estados parte del CEDH y, más en concreto, en el caso de España, especialmente teniendo en cuenta que se trata de un Estado que constituye frontera exterior del espacio Schengen.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La prohibición de expulsión de extranjeros por motivos de salud: una evolución jurisprudencial in melius de los derechos humanos, The prohibition of expulsion of aliens for health reasons: an in melius jurisprudential development of human rights

  • Soler García, Carolina
  • Soler García, Carolina|||/items/9f515a39-e1e1-45c7-aab2-48585da21516
This paper focuses on the study of the jurisprudence of the ECHR and the CJEU on the prohibition of expulsion of aliens for health reasons. Both Courts have developed criteria with which they determine whether the expulsion of aliens who are sick is in accordance with the provisions of the ECHR and the rules of EU Law, respectively. In a first stage, originated with D. v. the United Kingdom, the ECHR held a very serious threshold of the illness to decide whether the expulsion of a sick alien is contrary to art. ECHR 3. For its part, the CJEU, in the M’Bodj case, held that the subsidiary protection status should only be granted to the sick alien who is intentionally denied medical assistance in the State of destination. In a second stage, from Paposhvili v. Belgium, the ECHR lowered the level of seriousness required in the illness of the alien to prohibit the expulsion. This position, which guarantees the human rights of the alien, was followed by the CJEU in MP, maintaining that the deficiencies of the health system in the State of destination can be considered a serious damage for the purpose of granting the subsidiary protection status. In general, this jurisprudence shows, on the one hand, a greater commitment to the effective protection of the human rights of the alien subject to expulsion; and, on the other hand, a fruitful judicial dialogue between the ECHR and the CJEU, in terms of prohibiting the expulsion of aliens for health reasons.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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El régimen jurídico de la reestructuración y resolución de entidades de crédito. La compleja transposición al ordenamiento español de la normativa europea, The legal framework governing the restructuring and resolution of credit entities: the complex transposition of EU rules in the Spanish legal order

  • Urbaneja Cillán, Jorge
  • Urbaneja Cillán, Jorge|||/items/3bb28f1e-160d-4840-b8aa-7da589be2a15
La unión bancaria aparece como un amplio conjunto de reformas normativas e institucionales destinadas a solucionar algunas de las deficiencias estructurales detectadas durante la última crisis financiera, iniciada en 2007. Uno de los elementos centrales de ese proceso de reformas ha sido la creación de un régimen de gestión de crisis bancarias en la Unión Europea. Las reformas adoptadas en este ámbito presentan dos componentes esenciales: de un lado, un código normativo único, contenido en una Directiva, aplicable a todos los Estados miembros; de otro lado, para los Estados de la eurozona una centralización, en las instituciones de la Unión, de la adopción de decisiones y de la financiación de las crisis bancarias. La incorporación de estas reformas legislativas al ordenamiento jurídico español presenta importantes particularidades, derivadas del proceso de asistencia financiera para la recapitalización del sistema financiero español.
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Movimientos migratorios y seguridad internacional. En especial, la compleja posición de la Unión Europea ante la crisis migratoria

  • Urbaneja Cillán, Jorge
  • Urbaneja Cillán, Jorge|||/items/3bb28f1e-160d-4840-b8aa-7da589be2a15
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Acuerdos comerciales y de inversión y ODS. Especial referencia a la política comercial común de la Unión Europea

  • Urbaneja Cillán, Jorge
  • Urbaneja Cillán, Jorge|||/items/3bb28f1e-160d-4840-b8aa-7da589be2a15
El régimen jurídico internacional de las inversiones extranjeras está formado, principalmente, por una amplia red de Tratados Bilaterales de Inversión, como normas de naturaleza convencional, cuyo objetivo principal es atraer inversiones extranjeras, ofreciendo condiciones de seguridad a las compañías extranjeras que realizan inversiones en el Estado receptor. Uno de los elementos esenciales de los Tratados Bilaterales de Inversión es el establecimiento de mecanismos de solución de controversias entre los inversores y el Estado receptor de la inversión. En la actualidad, se está llevando a cabo un proceso de reforma de los Tratados Bilaterales de Inversión, con el objetivo de hacer compatible el Derecho Internacional de las Inversiones con otros objetivos de la Comunidad Internacional, como son la protección internacional de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otros, especial relevancia ha adquirido el caso Philip Morris Vs. Uruguay, ya que el Tribunal Arbitral ha adoptado su decisión priorizando los derechos humanos a la vida y a la salud. De esta forma, los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado, progresivamente, pueden llegar a ser un nuevo marco para la rendición de cuentas de las obligaciones empresariales en materia de Derechos Humanos.
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La transparencia y el control internacional en el Acuerdo de París de 2015: ¿Un self contained regime?, Transparency and international control in the 2015 Paris Agreement: A self contained regime?

  • Ferrer Lloret, Jaume
  • Ferrer Lloret, Jaume|||/items/323a9d14-9128-45d2-b184-d8b00ec2d0df
Con los arts. 13, 14 y 15 del Acuerdo de París de 2015 y las Decisiones de la Conferencia de las Partes (CP/RA) que los desarrollan, se establece una compleja estructura institucional y procedimental con el fin de garantizar la transparencia y el control internacional en la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones de este tratado internacional. En este sentido, en el art. 13 se regula el denominado marco de transparencia reforzado, que se debe hacer efectivo en primer lugar a través de un examen técnico por expertos, y a continuación mediante un examen facilitador y multilateral de los progresos en el seno de la CP/RA. En el art. 14 se prevé la elaboración del llamado balance mundial, dirigido a determinar el cumplimiento conjunto del Acuerdo de París por todas las Partes. Y en el art. 15 se establece un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento de este tratado internacional. Falta por comprobar si ante la urgencia que presenta la respuesta ante el cambio climático, el funcionamiento de toda esta estructura institucional y procedimental permitirá que se alcancen los objetivos previstos en el art. 2 del Acuerdo de París. A fecha de hoy y como valoración provisional, cabe mantener una buena dosis de escepticismo al respecto.
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Libre circulación de los matrimonios del mismo sexo celebrados en el territorio de la Unión Europea: consecuencias del asunto Coman y otros, Free movement of same-sex marriages in the territory of the European Union: consequences of the Coman and others case

  • Requena-Casanova, Millan
  • Requena-Casanova, Millan|||/items/284953b0-9fb3-4b0a-b033-cf5751d957ad
La sentencia de 5 de junio de 2018 del TJUE en el asunto Coman y otros exige a los Estados miembros que reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo contraído entre un ciudadano de la Unión y un nacional de un tercer Estado conforme al derecho nacional de cualquiera de los Estados miembros, si bien a los efectos exclusivos del derecho a la libre circulación y residencia. Cuando el derecho de la UE estipula que el disfrute de la libertad de circulación de un ciudadano de la UE con un miembro de su familia que le acompañe depende de la existencia de una relación jurídica como el matrimonio, y olvida que ciertos Estados no permiten el matrimonio del mismo sexo, se impide que las parejas del mismo sexo puedan ejercer el derecho de libre circulación debido a las restricciones que los Estados establecen a través de su derecho de familia. El reconocimiento de los cónyuges del mismo sexo como «cónyuges» en virtud de la Directiva 2004/38 es esencial para garantizar el disfrute efectivo del derecho de la libre circulación y residencia, pero también para prevenir la discriminación por orientación sexual y garantizar el respeto de su vida familiar. La conexión entre la libre circulación, en tanto derecho individual que deriva directamente del art. 21 TFUE, y la no discriminación por orientación sexual constituyen el elemento central para los ciudadanos afectados, y también nos sirve para evaluar hasta qué punto se puede afirmar la supremacía de ciertos derechos fundamentales que la UE pretende reconocer.
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The Complex Relationship Between Competition Law and Investment Arbitration After Achmea: The Novenergía v. Spain Case

  • Requena-Casanova, Millan
  • Requena-Casanova, Millan|||/items/284953b0-9fb3-4b0a-b033-cf5751d957ad
In recent years several European investors have initiated investor-state arbitration against Spain under the Energy Charter Treaty (ECT) as a result of the radical changes adopted by the Spanish authorities in the regulatory framework of the renewable energy sector. The Novenergía arbitration highlights the complex relationship between competition law and investment arbitration, especially in intra-EU investment disputes. This type of dispute has caused much controversy because EU competition law often plays a central role in investment arbitration. According to Spain’s position, arbitral tribunals are jurisdictionally not competent to render an award since the power to authorize state aid falls within the exclusive competence of the European Commission (EC). When an arbitral tribunal orders the payment of compensation to an investor, that tribunal could act ultra vires, deciding a matter that EU competition law (state aid regime) establishes as beyond any submission to arbitration. But the new scenario opened by Achmea can allow Spain to challenge the jurisdiction of the arbitral tribunal created on the basis of the ECT, request the set-aside of the award issued and oppose recognition and enforcement, at least before the courts of the member states. The EC has underlined the public order nature of the EU competition rules, already established by the Court of Justice of European Union (CJEU) in Eco Swiss, and has pointed out the difficulties that US courts would face when asked to recognize and enforce the international awards. However, in the recent Micula judgment, the General Court of the EU observed that compensation for damage suffered did not constitute state aid unless it represented compensation for the withdrawal of aid that was unlawful, since the EC had no power to review Romanian conduct prior to Romania’s accession to the EU. However, while Micula appears to be closely related to measures taken by Romania prior to its accession to the EU in 2007, other cases seem to relate only to incentive schemes (cuts to renewable energies) implemented after EU accession, thus giving the EC a clearer path to intervene. Finally, the Novenergía arbitration, highlights the difficulties for the recognition and enforcement of the awards issued in the saga of renewable energy arbitrations against Spain, especially where that award is issued under arbitration rules other than the International Centre for Settlement of Invesment Disputes Convention.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La jurisdicción civil universal ante el Derecho Internacional –y su relación la jurisdicción penal universal-: a propósito de NAÏT-LIMAN v. SWITZERLAND, Universal civil jurisdiction before International Law – and its relationship with the universal criminal jurisdiction-: on case NAÏT-LIMAN vs. SWITZERLAND

  • Ferrer Lloret, Jaume
  • Ferrer Lloret, Jaume|||/items/323a9d14-9128-45d2-b184-d8b00ec2d0df
En Naït-Liman el TEDH ha decidido que los Estados vinculados por el Convenio de Roma no están obligados a establecer la jurisdicción civil de sus tribunales ante demandas relativas a violaciones graves de los DH –en concreto, actos de tortura- cometidas en terceros Estados por parte de los órganos de estos últimos. A la luz de la práctica legislativa, judicial y convencional relativa a la jurisdicción civil universal y al foro de necesidad, la Gran Sala llega a la conclusión de que los tribunales suizos no están obligados a ejercer su jurisdicción civil ante tales demandas. Se trata de un resultado que es conforme con las obligaciones internacionales en vigor para Suiza, tanto consuetudinarias como convencionales. Si bien, como deja entrever la Gran Sala, se puede defender que la jurisdicción civil universal se vincule a la jurisdicción penal universal. Además, cabe propugnar que los desarrollos en este ámbito se adopten en el seno de las OI competentes, por la vía del correspondiente instrumento convencional, y no por cada Estado de forma unilateral a través de su legislación y jurisprudencia internas.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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El régimen de promoción de las energías renovables español pasa su primer examen internacional: el Caso Charanne Construction Investments c. España (Jurisdicción)

  • Requena-Casanova, Millan
  • Requena-Casanova, Millan|||/items/284953b0-9fb3-4b0a-b033-cf5751d957ad
El trabajo analiza el régimen de fomento de las energías renovables español y su protección internacional a través del arbitraje de inversión desde una perspectiva jurisdiccional.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La inmunidad de jurisdicción del Estado ante el TEDH: la alargada sombra del Derecho Internacional Consuetudinario, State immunity from jurisdiction before the ECHR: the long shadow of Customary International Law

  • Ferrer Lloret, Jaume
  • Ferrer Lloret, Jaume|||/items/323a9d14-9128-45d2-b184-d8b00ec2d0df
Durante las últimas dos décadas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado un conjunto de Decisiones sobre Admisibilidad y de Sentencias en las que aplica las normas de Derecho Internacional (DI) general en vigor que regulan la inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado extranjero ante los tribunales del Estado del foro, fundamentalmente a los efectos de determinar si se ha vulnerado el derecho de acceso a los tribunales (art. 6.1 del Convenio de Roma). En su jurisprudencia el Tribunal de Estrasburgo se esfuerza por interpretar las disposiciones del Convenio de Roma buscando un resultado que sea coherente con el resto de normas del DI que vinculan a los Estados partes, y sin que hasta la fecha su labor judicial con relación al mencionado sector de normas haya puesto en riesgo la unidad del Ordenamiento internacional. En una perspectiva más general, se debe constatar que el TEDH proyecta en su jurisprudencia una concepción consensualista del ordenamiento internacional y de sus procesos de formación de normas.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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La ejecución de las sentencias del TEDH relativas a la Federación de Rusia y a Turquía: ¿han fracasado las reformas del Protocolo 14?, The execution of the ECHR’s judgments regarding the Russian Federation and Turkey: have the reforms of the Protocol 14 failed?

  • Ferrer Lloret, Jaume
  • Ferrer Lloret, Jaume|||/items/323a9d14-9128-45d2-b184-d8b00ec2d0df
La acumulación de miles de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pendientes de ejecutar y, algo más en concreto, de cientos de sentencias que certifican la vulneración de derechos humanos inderogables a cargo de la Federación de Rusia y Turquía constituye uno de los principales déficits del sistema de protección establecido por el Convenio de Roma. Para tratar de dar respuesta a esta lamentable situación, en su día se introdujeron algunas reformas mediante la adopción del Protocolo 14; en particular la posibilidad de que el Comité de Ministros (CM), el órgano encargado de la supervisión de la ejecución de las sentencias, pueda interponer un recurso por incumplimiento ante el TEDH. Pero el estudio de la práctica relativa a estos dos Estados, pone de manifiesto que el CM viene protagonizando una actuación excesivamente lenta y se podría decir que bajo mínimos. De hecho, un buen número de sentencias del TEDH no se ejecutan, sin ninguna reacción por parte del CM, excepto por lo que se refiere a la publicación de algunas resoluciones provisionales.
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Renovadas medidas de la Unión Europea relativas a la sanción penal del blanqueo de capitales: la Directiva 2018/1673, Renewed measures of the European Union relating to the punishment of money laundering: Directive (EU) 2018/167 on combating money laundering by criminal law

  • Urbaneja Cillán, Jorge
  • Urbaneja Cillán, Jorge|||/items/3bb28f1e-160d-4840-b8aa-7da589be2a15
La Unión Europea, junto con otras organizaciones y foros internacionales, viene desarrollando un amplio conjunto de instrumentos destinados a la prevención y sanción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Las sucesivas normas europeas tienen como objetivo fundamental la protección del sistema financiero frente a estas actividades delictivas, mediante la prevención, detención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Directiva (UE) 2018/1673, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal, tiene como principal objetivo la actualización de las sanciones penales referidas al blanqueo de capitales y delitos conexos. De este modo, la Directiva de 2018/1673 establece un conjunto de normas mínimas relativas a la tipificación penal del blanqueo de capitales.
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La guardia europea de fronteras y costas: ¿un avance respecto a Frontex? Una valoración provisional, The European Border and Coast Guard: An Improvement on Frontex? A Provisional Assessment

  • Soler García, Carolina
  • Soler García, Carolina|||/items/9f515a39-e1e1-45c7-aab2-48585da21516
La grave crisis migratoria que ha afectado a la Unión Europea y sus Estados miembros en los últimos años, ha puesto en evidencia las limitaciones que presentan las actuaciones de la Agencia FRONTEX para hacerle frente. Con la adopción del Reglamento 2016/1624, se crea la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que sustituye a FRONTEX y da continuidad a todas sus operaciones. El presente estudio está dedicado al análisis de esta nueva Agencia de la Unión Europea, tomando siempre como referente las actuaciones llevadas a cabo por su antecesora, FRONTEX. Como aspectos positivos que presenta la normativa que regula la Guardia Europea de Fronteras y Costas, cabe destacar que se prevé la creación de un contingente de reacción rápida permanente; se contempla una mayor financiación; se le atribuye competencias para organizar operaciones de retorno y se establece un mecanismo interno de denuncias. No obstante, en una valoración provisional, estos desarrollos normativos no parecen suficientes para resolver todas las limitaciones que presentaba FRONTEX con el objetivo de ofrecer una respuesta efectiva a la grave crisis migratoria. En última instancia, siempre se debe de tener en cuenta que, en gran medida, los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de gestionar sus fronteras externas.
RUA. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante
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El conflicto del Sahara Occidental ante los Tribunales de la Unión Europea, The conflict of Western Sahara before the courts of the European Union

  • Ferrer Lloret, Jaume
  • Ferrer Lloret, Jaume|||/items/323a9d14-9128-45d2-b184-d8b00ec2d0df
Con las Sentencias dictadas por el Tribunal General en 2015 y por el Tribunal de Justicia en 2016, el conflicto del Sahara Occidental ha cobrado actualidad ante estos dos órganos jurisdiccionales de ámbito regional europeo. Aunque la valoración jurídica que ofrecen de este conflicto sea un tanto incompleta, imprecisa, ambigua y elusiva –lo cual es más patente en el caso del Tribunal de Justicia-, ambos han reconocido, como era de esperar, que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo cuyo pueblo tiene derecho al ejercicio del principio de la libre determinación de los pueblos. Por tanto, los dos tribunales mantienen que el Sahara Occidental no forma parte de Marruecos; por lo que según el Tribunal de Justicia los acuerdos que celebra la Unión Europea con este último Estado no son de aplicación a la antigua colonia española. Con carácter general, esta jurisprudencia puede condicionar las relaciones convencionales y de cooperación entre la Unión Europea y uno de sus socios privilegiados, Marruecos, y asimismo puede tener su influencia en las políticas exteriores –jurídicas- de los Estados miembros, entre ellos España. Más en concreto, falta por comprobar si esta jurisprudencia será mantenida incluso en el caso de los Acuerdos de Pesca celebrados entre la Unión Europea y Marruecos, los cuales se vienen aplicando a las aguas del Sahara Occidental durante los últimos 30 años con el consentimiento de ambas partes.