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PROTECCION DE DATOS, SEGURIDAD E INNOVACION: RETOS EN UN MUNDO GLOBAL TRAS EL REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCION DE DATOS

DER2016-79819-R

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Nombre agencia financiadora Agencia Estatal de Investigación
Acrónimo agencia financiadora AEI
Programa Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad
Convocatoria Proyectos I+D+i Retos de Investigación
Año convocatoria 2016
Plan Estatal 2013-2016 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Centro beneficiario FUNDACION UNIVERSITARIA SAN PABLO CEU

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 3
Encontrada(s) 1 página(s)

Docta Complutense
Publicación Libro o Monografía (Book)

Protección de datos

  • Piñar Mañas, José Luis
  • Recio Gayo, Miguel
  • Corral Sastre, Alejandro
  • Díaz-Romeral, Alberto
  • Mercader Uguina, Jesús Rafael
  • Piñar Real, Alicia
  • Rodríguez Mármol, Gloria
  • Torregrosa Vázquez, José
El derecho a la protección de datos deriva de la Constitución, que establece la limitación del uso de la informática por la Ley para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (Const art.18.4). El Tribunal Constitucional, en numerosas sentencias, se ha ocupado del derecho a la protección de datos, pero es de especial importancia la que señala que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. Son, por consiguiente, elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele.
Docta Complutense
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

La posibilidad de sancionar a las autoridades de control de protección de datos: ¿«Autosanción» o «Heterosanción»?, The possibility of sanctioning data protection control authorities: «Self‐sanction» or «Heterosanction»?

  • Corral Sastre, Alejandro
Se analiza en el presente trabajo la posibilidad de imponer sanciones a las autoridades de control de protección de datos cuando estas incurran en alguna infracción administrativa de las previstas en el Reglamento General de Protección de Datos. No está previsto en nuestro ordenamiento jurídico esta posibilidad, por lo que se ha analizado la viabilidad de la «autosanción» o, en su caso, la «heterosanción». De cualquier forma, el ordenamiento jurídico debe acabar con la impunidad de estas autoridades administrativas sometidas al principio de legalidad y al Derecho como cualquier otra persona jurídico-pública.
Investigo. Repositorio Institucional de la Universidade de Vigo
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

¿Es posible o conveniente atribuir funciones constitucionales al Tribunal Supremo?

  • Hernández Corchete, Juan Antonio
Se examinan los nuevos entendimientos de la cláusula de prevalencia del derecho estatal, con atención especial a la relación entre validez y eficacia, a las consecuencias de inseguridad jurídica y desigualdad normativa, a los mecanismos a introducir en la jurisdicción contenciosa para superarlas y, en fin, a si incorporarlos implica atribuir funciones constitucionales al Tribunal Supremo., Ministerio de Economía y Competitividad | Ref. DER2016-79819-R