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Helvia. Repositorio Institucional de la Universidad de Córdoba
Publicación Libro o Monografía (Book)

Las reformas en la contratación laboral y en el empleo público. Un balance de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

  • Costa Reyes, Antonio
  • Navarro Nieto, Federico
  • Barba del Horno, Mikel
  • Zubiri Rey, Jon Bernat
  • Bini, Stefano
  • Cantero Martínez, Josefa
  • Fuentetaja Pastor, Jesús
  • Jover Ramírez, Carmen
  • Fuentes Rodríguez, Francisca
Embargado hasta 01/01/2100., Una constante desde al menos los años ’80 en nuestro país ha sido una inadmisible tasa de temporalidad en nuestro mercado de trabajo. Las políticas de liberalización de la contratación temporal sin causa de esos años, al objeto de fomentar la creación de empleo, dio lugar a un fenómeno llamado “cultura de la temporalidad”. Ello implicaría que las empresas procurasen las dosis de flexibilidad en sus plantillas desde la lógica de la contratación de duración determinada. Pero también impregnó la propia acción de los agentes socioeconómicos, los cuales, más allá de los acuerdos en la cumbre, favorecieron a través de la negociación colectiva el recurso a la temporalidad como el instrumento mayoritario para dotar de flexibilidad a las empresas, al objeto de ajustar sus plantillas a un entorno de cambio e inseguridad y, particularmente, para actuar ante las situaciones de dificultad o crisis. Se explicará así el enorme problema de segmentación de nuestro mercado laboral, caracterizado por unas tasas de temporalidad sin parangón en el ámbito comunitario (al menos, hasta que la llamada flexiguridad y el Libro Verde abogaran por impulsar la contratación atípica, lo que devino en una menor brecha de nuestro país debido sobre todo a incremento de este tipo de contratación en el resto de los países europeos). Sin duda, nuestros tribunales contribuyeron también a mantener esa “cultura de la temporalidad” con unas interpretaciones que no solo admitían diferencias de trato en perjuicio de las personas contratadas temporalmente por el mero hecho de serlo, sino también de las causas de temporalidad, cuya lectura abierta y flexible llevaba a justificar el recurso a la contratación de duración determinada del art. 15 LET (que aglutinaba el 90% de la temporalidad existente, de manera que el resto de modalidades de vigencia limitada -incluidos los contratos formativos- apenas tenían un interés marginal a estos efectos). El caso paradigmático, respecto al sector privado, fue el contrato eventual y, particularmente, el de obra o servicio determinado; o la perpetuación de las situaciones de abuso que implicaba el mantenimiento sine die de contratos temporales de interinidad, lo que, junto a otros excesos en este ámbito, explicará unas tasas de temporalidad superiores, en muchas ocasiones incluso, al sector privado. Debe recordarse que este planteamiento judicial ni tan siquiera se replanteó con la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. No es de extrañar, por tanto, que ante esa autocomplacencia interna, haya sido el TJUE quien advirtiera una y otra vez, a golpe de sentencia, que nuestro país se situaba al margen de la mencionada Directiva. Y es precisamente este rechazo desde el ámbito comunitario a nuestro incumplimiento el que en gran medida ha provocado la necesidad de introducir cambios en esa excesiva amplitud con la que la contratación temporal era admitida en nuestro país. Se entenderá así que esta cuestión de la segmentación del mercado de trabajo (temporales vs indefinidos) haya estado presente en la práctica totalidad de las Recomendaciones específicas realizadas a nuestro país en materia de empleo por parte de la Comisión Europea. En concreto, tanto las de 2019 como las de 2020 mencionaban la reducción de la temporalidad y la transición hacia la contratación indefinida como medidas clave a implementar para un cambio estructural en nuestro mercado de trabajo. El Mecanismo de Resiliencia y Recuperación (MRR, Reglamento (UE) 2021/241) ha supuesto la oportunidad para que España, con ocasión de los Fondos Next Generation, implementase medidas que conllevaran un cambio estructural en esta situación. Debe recordarse que tal Mecanismo exigía que los planes nacionales que podían presentar los Estados miembros abordasen total o parcialmente los retos determinados en las recomendaciones específicas hechas a tales países, como era el caso de España. Teniendo en cuenta todo lo anterior, como también es conocido, nuestro país recogió en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) diversas medidas de reforma e inversión encaminadas, al menos en parte, al cumplimiento de esas sub-recomendaciones específicas. En este sentido y por lo que ahora importa, debemos referirnos, por un lado, al llamado Componente 23 “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” (C.23), incluido dentro de una de las ocho Políticas Palanca en las que se organizan las medidas a implementar, en concreto, en la Palanca VIII “Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”. Y, por otro lado, al Componente 11 “Modernización de las administraciones públicas” (C.11), que se conectaba con el anterior y que expresamente se incluía bajo la Palanca IV “Una administración para el siglo XXI” Como señala expresamente el PRTR español, “en línea con las recomendaciones permanentes de los organismos europeos e internacionales (…), el Plan (…) recoge un paquete equilibrado y coherente de reformas que, articuladas a través del diálogo social, permitan (…) reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral”. Y, como es sabido, varias han sido las reformas implementadas para reducir la temporalidad en nuestro país, tanto en el ámbito privado como en el empleo público (que, aunque conectado también con el anterior, verá su desarrollo en el mencionado C.11). Bajo esta lógica, esta obra colectiva se estructura en dos Partes, una Primera (afectada esencialmente por el C23) que hará referencia al balance de las reformas laborales orientadas a simplificar y ordenar coherentemente -y a la luz del marco comunitario-, nuestro régimen jurídico sobre contratación laboral. Mas concretamente, esta Parte, titulada “Balance de las reformas en materia de contratación laboral en el sector privado: resultados y retos pendientes”, se dedica a analizar la evolución e impacto de las mismas en los arts. 11 y 15-16 LET. Y una Parte segunda, centrada en la problemática del empleo Público, y por tanto, vinculada con las reformas vinculadas al C11.R1 (que debe coordinarse con el mencionado C23.R4). La excelencia en los estudios presentados ofrecerá al lector no solo un balance de las concretas reformas sobre los temas abordados, sino también respuestas y propuestas que puedan dar solución a los retos que pretendían abordarse, y que consideramos de la máxima utilidad e interés tanto para especialistas en el ámbito jurídico o de la economía como para agentes sociales y económicos (patronales o sindicatos) o responsables políticos y de la Administración. Por todo ello, quiero terminar agradeciendo a los y las participantes en esta obra colectiva por sus magníficos trabajos, la oportunidad de los mismos y sus temáticas al objeto de contribuir a ese necesario balance de las medidas implementadas con ocasión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su incidencia en los problemas que tradicionalmente han venido afectando a la contratación laboral y en el empleo público.