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LIMITES A LA UTILIZACION DE DATOS, EVIDENCIAS E INFORMACION ENTRE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DIVERSOS EN ESPAÑA Y LA UNION EUROPEA

PGC2018-095735-B-I00

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Nombre agencia financiadora Agencia Estatal de Investigación
Acrónimo agencia financiadora AEI
Programa Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i
Subprograma Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento
Convocatoria Proyectos de I+D (Excelencia / Generación de Conocimiento)
Año convocatoria 2018
Plan Estatal 2017-2020 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Centro beneficiario UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 11
Encontrada(s) 1 página(s)

RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

La aportación de datos de carácter personal de terceros al proceso penal

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El presente trabajo analiza, a la luz de la normativa del derecho a la protección de datos y de la ley procesal, el fenómeno de la aportación de datos de carácter personal de terceros a un órgano judicial del orden penal, con miras a su utilización en el proceso como medio de investigación o como fuente de prueba, con especial atención a sus requisitos y límites.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La Directiva 2016/680/UE: un nuevo paradigma para el tratamiento de datos de carácter personal con fines penales, Directive 2016/680/EU: a new paradigm for the processing of personal data for criminal purposes

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El presente trabajo analiza el impacto que ha derivado en nuestro ordenamiento y proceso penal con motivo de la aprobación de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

Actuaciones judiciales automatizadas en el Proyecto de Ley de eficiencia digital del servicio público de justicia, Automated judicial proceedings in the Draft Bill on Digital Efficiency in the Public Justice Service

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El presente trabajo pretende hacer un breve acercamiento a los novedosos instrumentos previstos en el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital, con los que el prelegislador pretende implementar, en el proceso judicial, la posibilidad de llevar a cabo actuaciones judiciales automatizadas. Medidas que basadas en las disruptivas tecnologías algorítmicas y con apoyo en el innovador modelo de Justicia orientada al dato, persiguen contribuir a la consecución de una mayor eficiencia procesal.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La búsqueda y localización de activos y bienes procedentes del delito por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
La neutralización económica de la criminalidad organizada mediante la localización y posterior decomiso de las ganancias obtenidas del delito se constituye en el medio más eficaz y certero para su desmantelamiento pleno, motivo por el que se sitúa como eje prioritario de la política criminal y ha sido fuertemente impulsada por las instituciones europeas. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), es el organismo nacional especializado, auxiliar de la Administración de Justicia, al que se han encomendado las labores destinadas a la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de los delitos en los que procede el decomiso. El objeto del presente trabajo es efectuar una panorámica general de los principales aspectos de este organismo, para posteriormente analizar con más detenimiento las competencias y facultades que ostenta la Subdirección General de localización y Recuperación de Bienes para desarrollar estas labores. Finalmente, se analizará la posibilidad de utilizar en el proceso penal de origen o en uno distinto, como medio de investigación o prueba de los hechos delictivos, la información obtenida con meros fines patrimoniales
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

La Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. Un controvertido instrumento para la investigación de la dimensión económica del delito, Organic Law 9/2022 of 28 July. A controversial instrument for investigating the economic dimension of crime

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El objeto del presente trabajo es efectuar un sucinto análisis crítico de los novedosos mecanismos para el acceso e intercambio de información que se contemplan en la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, con el objeto de facilitar y dotar de eficacia a las actividades de investigación de ciertos delitos graves y de identificación y recuperación de los bienes y activos procedentes de tales ilícitos.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

El régimen jurídico del derecho a la protección de datos personales en la Administración de Justicia (Comentario al artículo 2.4 LOPDGDD)

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
La obra colectiva alberga un comentario sistemático de todos artículos del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El trabajo en particular, analiza el novedoso régimen jurídico sobre el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal que resulta aplicable a la Administración de Justicia a la luz del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 sobre protección de datos y garantía de los derechos digitales, la cual reformó el marco jurídico establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones como ADR para los usuarios de servicios de comunicaciones electrónicas

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
En plena era digital, el sector de las comunicaciones electrónicas se posiciona como uno de los más pujantes y dinámicos de la economía nacional. Una muestra de ello, es que según los últimos datos estadísticos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en enero de 2022 existían en nuestro país un total de 55.647.705 de líneas de telefonía móvil en activo, de las que 47.866.327 disponían además de acceso a internet, 19.455.658 líneas de telefonía fija y 16.188.502 de conexiones de acceso a internet desde ubicación fija mediante tecnología de fibra óptica o ADSL. Tales cifras evidencian por sí mismas la altísima tasa de penetración que tales servicios han alcanzado en nuestra sociedad, hasta el punto de que existen más líneas móviles que habitantes. La alta cifra de servicios de comunicaciones en activo es un factor que, por sí mismo, permite presagiar la existencia de un alto nivel de conflictividad entre proveedores y clientes. No obstante, concurren otras tantas circunstancias particulares que hacen de este sector de consumo uno de lo que acaparan el mayor nivel de insatisfacción para el cliente hasta el punto de despuntar sobremanera sobre otros ámbitos de consumo en el número de quejas y reclamaciones atendidas por entidades de resolución alternativa de conflictos y asociaciones de consumidores y usuarios. Consciente el legislador europeo del alto nivel de litigiosidad del sector, ya previó en el art. 34 de la derogada Directiva de Servicio Universal que, sin perjuicio de garantizar a los abonados el acceso a la jurisdicción ordinaria a fin de someter a los tribunales las controversias que pudieran surgir en torno a la relación contractual, los Estados miembros deberían de garantizar, cuanto menos, a los usuarios finales que tuvieran la condición de consumidores, el acceso a un procedimiento extrajudicial, transparente, equitativo, sencillo, rápido y poco oneroso de resolución de los conflictos surgidos en torno a las materias reguladas respecto de los servicios de telecomunicaciones. Dicho mandato fue asumido por el legislador nacional mediante la incorporación del art. 38.1 a la derogada Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, norma que tuvo por objeto transponer la precitada Directiva al ordenamiento interno. A través de dicho precepto, el legislador configuró en aquel momento dos vías diferenciadas, alternativas y no acumulables para la resolución extrajudicial de los conflictos surgidos en el marco de la relación operador-usuario. Una ordinaria y de carácter preferente, ante las juntas arbitrales de consumo, reservada exclusivamente a los usuarios que tuvieran la condición de consumidor. Y una especializada, destinada los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones personas físicas con independencia de su catalogación como consumidores, cuyo conocimiento se reservaba al Ministerio de Industria a través de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. El objeto del presente trabajo es analizar la regulación de esta última vía de resolución alternativa de los conflictos surgidos entre proveedores de servicios de comunicaciones y usuarios finales, un claro ejemplo de modelo de gestión exitosa de la resolución de controversias de los consumidores.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

Los principios rectores del tratamiento de datos de carácter personal y sus implicaciones en el proceso penal

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El presente trabajo aborda el estudio de los principios rectores del tratamiento de datos de carácter personal asociados al derecho fundamental a la protección de datos, desde la perspectiva del órgano judicial del orden penal, en tanto autoridad responsable del tratamiento de datos con fines de investigación y enjuiciamiento del delito. Se analizarán igualmente las principales implicaciones procesales que se derivan de su efectiva aplicación
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La obtención de datos de carácter personal con fines de investigación en el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal proclamado en el art. 18.4 de la Constitución Española y en los principales Convenios internacionales sobre derechos fundamentales, se caracteriza por atribuir a sus titulares, todas las personas físicas, un haz poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes con el objeto de garantizar al titular un poder de control sobre sus datos personales. En particular y conforme a la jurisprudencia constitucional, dichos poderes se concretan en: 1) La facultad del titular para decidir cuáles de sus datos proporcionar a un tercero - sea el Estado o un particular - o cuáles puede este tercero recabar, exigiéndose como norma general, el previo consentimiento para su recogida y uso. Estando, además, sometidas las operaciones de tratamiento a determinados principios, condiciones y limitaciones. 2) La facultad de saber quién posee esos datos personales y para qué fines así como la posibilidad de oponerse a esa posesión o uso, reconociéndose a los titulares a tales fines los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento. Ahora bien, en el seno del proceso penal, en el cual los datos personales adquieren una especial trascendencia por cumplir amén de su función meramente identificativa un cometido probatorio sobre los hechos delictivos objeto de investigación y su autoría, las facultades de los interesados dimanantes del derecho a la protección de datos se sujetan a importantes modulaciones, mientras como contrapartida, se amplía y facilita la capacidad de las autoridades penales para la obtención y tratamiento de datos en favor de la satisfacción del interés general en la aplicación del ius puniendi del Estado. Ahora bien, nos encontramos conque ni la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal ni la normativa de protección de datos establecen una regulación específica en la que se prevean las facultades a las que se sujetan las autoridades judiciales y policiales a la hora de obtener y usar los datos personales con fines de investigación y enjuiciamiento de actos delictivos, ni tampoco sus límites y condiciones de ejercicio. Por su parte, los derechos y garantías de los titulares también carecen de una ordenación propia. Y ello a pesar de que una eventual vulneración del núcleo del derecho a la protección de datos en estas actividades puede desencadenar la aplicación de la regla de exclusión probatoria prevista en el art. 11.1 LOPJ. Esta situación de inseguridad jurídica puede verse solventada, al menos, en parte, cuando se apruebe la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda vez que ha previsto la incorporación de todo un Título, el cual se integra por los arts. 514 a 520, dedicado a la ordenación del acceso y obtención de datos de carácter personal como medio de investigación. En particular en dichos preceptos se tratan cuestiones tan esenciales como la búsqueda y obtención de datos a través de fuentes y canales abiertos, el acceso a datos personales contenidos en ficheros, el cruce automatizado y las búsquedas selectivas de datos, la cesión de datos entre varios procesos penales y el valor de los datos. Se trata por tanto, de una importante iniciativa con la que se logrará un notable avance en la materia y que vendrá a colmar un importante número de lagunas y exigencias de la jurisprudencia del TEDH y TJUE. En el presente trabajo se analizan las principales notas de la propuesta, que tendrá virtualidad en el marco del futuro proceso penal bajo la figura del fiscal instructor, destacándose los aspectos más positivos de la reforma, así como aquellos otros que bajo nuestra consideración pueden ser objeto de mejora durante el procedimiento legislativo y aquellos otros que no han sido tenidos en cuenta por los redactores del anteproyecto.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

La obtención y tratamiento de datos de carácter personal con fines penales por la policía judicial

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
El presente trabajo aborda las facultades de la Policía Judicial de obtener fuentes de prueba y evidencias consistentes en datos de carácter personal para la investigación del crimen conforme al nuevo modelo instaurado por la Directiva 2016/680 y la Ley Orgánica 7/2021. Para ello analiza la institución desde la doble dimensión de responsable o encargado del tratamiento de datos, según las competencias que ejercite, y las distintas modalidades de datos que puede recabar a través de diligencias de investigación, según el rol que asuma, así como las obligaciones que asume en cada caso, incluyendo las relativas a la conversación y supresión, conforme a los principios rectores del tratamiento.
RIO. Repositorio Institucional Olavide
Publicación Libro o Monografía (Book)

Uso y cesión de datos de carácter personal en el proceso penal

  • Montoro Sánchez, Juan Alejandro|||0000-0002-7445-4908
En esta obra, el lector encontrará un estudio integral y multidimensional de las implicaciones que para la Administración de Justicia, y en particular para el proceso penal, se derivan del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para ello, se analiza, en primer lugar, el específico régimen jurídico de este derecho que resulta aplicable a los órganos judiciales como autoridades responsables del tratamiento de datos personales, estudiando las particulares condiciones y garantías que rigen en este ámbito para los titulares de este derecho subjetivo. En segundo lugar, se analiza el tratamiento de datos de carácter personal que realizan los órganos judiciales desde una perspectiva puramente procesal. A tal fin, se estudian pormenorizadamente las operaciones de recogida, uso y posterior cesión de los datos por otros órganos judiciales para su uso como medios de investigación o fuentes de prueba en el proceso penal, así como sus límites y efectos.