BUSCADOR RECOLECTA

En este texto, luego de centrar el análisis en la incidencia del patriarcado en el derecho, se quieren trazar las líneas definitorias básicas de las tres corrientes del feminismo que se pueden diferenciar en relación a la cuestión penal: el feminismo carcelario, el feminismo garantista y el feminismo antipunitivista. En segundo lugar, partiendo de esta última tesis, se desarrollarán algunas claves para profundizar en el desarrollo de un feminismo atento con los peligros de las lógicas punitivas, la creación de marcos que se alejen del punitivismo como expresión del patriarcado y se acerque a otras estrategias. En este camino las sinergias con la criminología crítica, la justicia restaurativa y el garantismo penal se muestran como necesarias., In this text, after focusing the analysis on the incidence of patriarchy in law, we want to trace the basic defining lines of the three currents of feminism that can be differentiated in relation to penal issues: prison feminism, feminist guaranteeism and anti-punitive feminism. Secondly, starting from this last thesis, some key arguments will be developed to deepen in the development of a feminism attentive to the dangers of punitive logic, the creation of frameworks that move away from punitivism as an expression of patriarchy and approach other strategies. On this path, synergies with critical criminology, restorative justice and penal guaranty are necessary., The work is part of the following research project: PID2020-118854GB-I00 Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción, IP Inés Olaizola Nogales.

Acceso cerrado a este documento. No se encuentra disponible para la consulta pública. Depositado en Academica-e para cumplir con los requisitos de evaluación y acreditación académica del autor/a (sexenios, acreditaciones, etc.)., En los últimos años se ha extendido el interés por estudiar las posibilidades de la justicia restaurativa en los delitos socioeconómicos e implementar itinerarios y programas que atiendan a esos delitos desde el ideal restaurativo. En este trabajo se abordan las cuestiones más problemáticas y las oportunidades de la respuesta restaurativa exclusivamente de la corrupción pública desde el inicio del procedimiento hasta la ejecución de la pena. Se parte de la confianza en los procesos restaurativos para afrontar los delitos que se enmarcan en el concepto de corrupción pública y se propone un modelo mixto (complementario y alternativo) de respuesta que aporte riqueza al abordaje de este fenómeno en el marco de sociedades democráticas., In recent years there has been a growing interest in studying the possibilities of restorative justice in socio-economic crimes as well as in implementing itineraries and programmes that address these crimes from the restorative ideal. This paper addresses the most problematic issues and opportunities for a restorative response exclusively to public corruption from the beginning of the proceedings to the execution of the sentence. It is based on the confidence in restorative processes to deal with crimes that fall under the concept of public corruption and proposes a mixed model (complementary and alternative) of response which enriches the approach to this phenomenon in the framework of democratic societies., El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) PID2020-118854GB-I00 sobre Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción, del que son IP Inés Olaizola Nogales y Hugo López López. Además, esta publicación se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación "Repensando el modelo de sanciones penales: de la entropía a la ordenación sistemática de las respuestas frente al delito (REPENSANCIONES)" (referencia SI3/PJI/2021-00222, IIPP: Daniel Rodríguez Horcajo y Gonzalo J. Basso), financiado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid (V-PRICIT) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Convocatoria 2021 de ayudas a Proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

Se parte de la confianza en la justicia restaurativa como herramienta que permita, conjuntamente con otras, despatriarcalizar la justicia y apostar por otros caminos, más afinados con las propuestas que desarrolla el feminismo abolicionista de la cuestión penal. Desde este marco, en el artículo se aborda el significado de la introducción de la perspectiva de género en las intervenciones restaurativa en el ámbito penal: mediación, conferencias y círculos, para finalmente dar algunas claves generales y específicas al respecto., We start from the confidence in restorative justice as a tool thatallows, together with other tools, to depatriarchalise justice and bet on other paths, more in tune with the proposals developed by the abolitionist feminism of the penal question. In this context, the article asks the specific question of what it means to introduce the gender perspective in restorative interventions in the penal field: mediation, conferences and circles, to finally give some general and specific keys in this respect., El presente trabajo se enmarca en dos proyectos: Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) PID2020-118854GB-I00 sobre 'Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción', del que son IP Inés Olaizola Nogales y Hugo López López y 'Repensando el modelo de sanciones penales: de la entropía a la ordenación sistemática de las respuestas frente al delito (REPENSANCIONES)' (referenciaSI3/PJI/2021-00222,IIPP: Daniel Rodríguez Horcajo y Gonzalo J. Basso), financiado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid (V-PRICIT) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Convocatoria 2021 de ayudas a Proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

En el ámbito de la Unión Europea, la cooperación fiscal se ha enmarcado a través de la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa (DAC) y sus modificaciones. En particular, la DAC6 obliga a los intermediarios fiscales y, en ocasiones, al propio contribuyente a comunicar a la administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal agresiva. Sin embargo, es obvio que esta obligación puede dar lugar a interferencias con el derecho a la privacidad. Precisamente, el pasado 29 de febrero de 2024, el Abogado General (AG) Nicholas Emiliou emitió su dictamen en el asunto Belgian Association of Tax Lawyers y otros (C-623/22), concluyendo que la DAC6 implica una interferencia en el derecho a la privacidad, aunque dicha interferencia es proporcional a la vista de los objetivos perseguidos por la Unión Europea. La cuestión a dilucidar es, por tanto, si en línea con las conclusiones del AG, el derecho a la privacidad se ha protegido adecuadamente en el ámbito del DAC6, considerando el Derecho de la UE., At the European Union level, tax cooperation has been framed through Directive 2011/16/EU on administrative cooperation in the field of taxation (DAC) and its amendments. In particular, the DAC6 obliges tax intermediaries and, sometimes, the taxpayer itself to report certain aggressive tax planning mechanisms to the tax administration. However, in this context it is obvious that interferences with the right of privacy may arise. In fact, on 29 February 2024, Advocate General (AG) Nicholas Emiliou issued his Opinion in the case Belgian Association of Tax Lawyers and others (C-623/22), concluding that the DAC6 involves an interference with the right to privacy, although such interference is proportionate in view of the objectives pursued by the European Union. The question to be elucidated is, therefore, whether in line with the AG’s conclusions, the right to privacy has been adequately protected in the scope of the DAC6., Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación núm. Ref. PID2020-118854GB-I00 «Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción».

Acceso cerrado a este documento. No se encuentra disponible para la consulta pública. Depositado en Academica-e para cumplir con los requisitos de evaluación y acreditación académica del autor/a (sexenios, acreditaciones, etc.).

En este trabajo se abordan las cuestiones más problemáticas y las oportunidades de la respuesta restaurativa exclusivamente en la corrupción pública en el marco del último Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyas previsiones parece puede poner en serio compromiso la intervención restaurativa para esos delitos., This paper addresses the most problematic issues and opportunities for a restorative response
exclusively to public corruption from the beginning of the proceedings to the execution of the
sentence within the framework of the latest Draft Bill of the Criminal Procedure Act, which seriously
compromises restorative intervention for these offenses., El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) PID2020-118854GB-I00 sobre Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción, del que son IP Inés Olaizola Nogales y Hugo López López. Además, esta publicación se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación 'Repensando el modelo de sanciones penales: de la entropía a la ordenación sistemática de las respuestas frente al delito (REPENSANCIONES)' (referencia SI3/PJI/2021-00222, IIPP: Daniel Rodríguez Horcajo y Gonzalo J. Basso), financiado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid (V-PRICIT) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Convocatoria 2021 de ayudas a Proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid.

Acceso cerrado a este documento. No se encuentra disponible para la consulta pública. Depositado en Academica-e para cumplir con los requisitos de evaluación y acreditación académica del autor/a (sexenios, acreditaciones, etc.)., Recientemente la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo de 25 de mayo de 2018 que
modifica la Directiva 2011/16/UE (conocida como DAC 6) que obliga a los intermediarios fiscales y,
en ocasiones, al propio contribuyente, a notificar a la Administración tributaria ciertos mecanismos
transfronterizos de planificación fiscal, ha sido transpuesta a los ordenamientos internos de los
Estados miembros --en España a través de la Ley 10/2020, de 29 de diciembre por la que se modifica
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria--. El nuevo deber de información obliga a
intermediarios financieros y obligados tributarios, a comunicar determinados esquemas que van más
allá de la planificación fiscal y podrían llegar a ser calificados como abuso o evasión fiscal y, por lo
tanto, merecedores de reproche desde un punto de vista penal. En el presente trabajo los autores
identifican y analizan las principales dudas jurídicas que plantea la aplicación de este novedoso
régimen de información fiscal cuando del delito contra la hacienda pública se trata. Tras el referido
análisis concluyen que la DAC 6 no es un instrumento adecuado para combatir efectivamente el
delito contra la Hacienda Pública en los términos tipificados en el artículo 305 del CP., Recently, Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive
2011/16/EU (known as CAD 6), which obliges tax intermediaries and, on occasions, the taxpayer
itself, to notify the tax administration of certain cross-border tax planning mechanisms, has been
transposed into the domestic legislation of the Member States --in Spain through Law 10/2020 of 29
December amending Law 58/2003 of 17 December on General Taxation--. The new duty of
information obliges financial intermediaries and taxpayers to report certain schemes that go beyond
tax planning and could be classified as tax abuse or evasion and, therefore, deserving of reproach
from a criminal point of view. In this paper, the authors identify and analyse the main legal doubts
raised by the application of this new tax information regime when it comes to tax crimes. After the
aforementioned analysis, they conclude that the DAC 6 is not an adequate instrument for effectively
combating tax crime defined in Article 305 of the Criminal Act., Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación núm. Ref.
PID2020-118854GB-I00 "Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la
corrupción", cuyos investigadores principales son la profesora Inés Olaizola Nogales y el profesor
Hugo López López.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión recoge en su artículo 26 la obligación para los Estados miembros de implementar sus disposiciones en nuestra legislación antes del 17 de diciembre de 2021 y ello irremediablemente provocará cambios en nuestro ordenamiento jurídico. En este momento se han presentado en las Cortes Generales tres proposiciones de ley, presentadas por distintos grupos parlamentarios, que tienen por objeto la trasposición de la Directiva También algunas Comunidades Autónomas han abordado desde diferentes perspectivas
la protección de los denunciantes., Proyecto de Investigación PID2020-118854GB-I00

En la sentencia de 21 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) declaró que el Tribunal Económico–Administrativo Central (TEAC) no cumple
con la exigencia de independencia exigida por el art. 267 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) que caracteriza a los órganos jurisdiccionales y, consecuentemente, no es competente para plantear cuestiones prejudiciales. Ante esta situación
el legislador español ha asumido la jurisprudencia del Tribunal europeo y ha mantenido
la regulación jurídica actual de los Tribunales Económico–Administrativos (TEA) asumiendo que carecen de la referida facultad. No obstante, tal y como se pondrá de manifiesto en este estudio, existen otras opciones de política legislativa, como aprovechar la
doctrina jurisprudencial del TJUE y acometer los cambios oportunos en la regulación de
los TEA de manera que su consideración de órgano jurisdiccional sea incuestionable y
con ello “rehabilitar” su facultad para plantear cuestión prejudicial ante el TJUE., In the Judgment of January 21, 2020, the European Court of Justice (ECJ) has declared that the Central Economic–Administrative Tribunal does not comply with the requirement of independence established by art. 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) which characterizes any Court. Consequently, the ECJ declares inadmissible the request for a preliminary ruling submitted by the economic–administrative body. Faced with this situation, the legislator has assumed the jurisprudential doctrine and has maintained the current regulation of the Economic–Administrative Tribunals, assuming that they lack the aforementioned power. However, in this study other legislative policy options will be analyzed as to undertake the appropriate changes in the regulation of the Economic–Administrative Tribunals in such a way that their consideration as a jurisdictional body is recognized. This option is clearly more advantageous since it would allow the Courts to raise a preliminary ruling before the ECJ and will better guarantee the rights of taxpayers., El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación PID2020–118854GB–I00
“Instrumentos normativos en la lucha contra el fraude y la corrupción”, codirigido por el Prof. Dr.
Hugo López López y la Prof. Dr. Inés Olaizola Nogales.

Acceso cerrado a este documento. No se encuentra disponible para la consulta pública. Depositado en Academica-e para cumplir con los requisitos de evaluación y acreditación académica del autor/a (sexenios, acreditaciones, etc.)., Since its adoption in 2018, an intense debate has arisen among academics at the international level on
whether Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16/EU as regards
mandatory automatic exchange of information in the field of taxation in relation to reportable crossborder arrangements (DAC6) is sufficiently protective from a taxpayers’ rights point of view. That is,
opinions differ on whether the measure respects the most basic tenets of EU law: the fundamental
rights and general principles of the European Union. Under the domain of EU law, measures that do not
respect the general principles or fundamental rights are not considered proportional to the objective
they are intended to achieve. The same holds true in relation to measures affecting direct taxation.
Further, in this regard, not only Member States but also EU legislators must respect all treaty provisions.
Against this background, Recital 18 to DAC6 points out that “this Directive respects the fundamental
rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of
the European Union”. However, is this statement true in practice? This analysis necessarily involves
assessing whether DAC6 as a piece of secondary legislation respects the requirements of EU primary
law. This is therefore the research question of this book: is DAC6 compliant with the requirements of
EU primary law concerning fundamental rights and guarantees? The analysis focuses on whether the
Directive respects certain specific rights and guarantees: inter alia, the principle of legal certainty, the
rights of defence (in particular, professional secrecy and the right not to incriminate oneself), the right
to privacy, the principles of proportionality and legality in their punitive demand, and the principle of
culpability., This contribution is part of the research project “Obtención e intercambio de informacion en la lucha contra el fraude y la evasion fiscal: equilibrio entre potestades administrativas y derechos de los obligados tributarios” [Obtaining and exchanging information in the fight against tax fraud and tax evasion: balancing administrative powers and the rights of taxpayers] (DER2016-78929-P), led by Prof. Dr Hugo López López, and the research project “Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y
la corrupción” [Preventive policy instruments in the fight against fraud and corruption] (PID2020-118854GB-I00) led by Prof. Dr Hugo López López and Prof. Dr Inés Olaizola Nogales.

This contribution examines the impact of the EU prohibition of State aid over the tax allocation of multinationals' profits. All EU Member States apportion the taxable profit of multinational groups in accordance with transfer pricing regulations based on the arm's length standard, namely, following a market valuation rationale. Although apparently neutral, such a standard may lead to prohibited aid both at the level of its regulatory design and its enforcement. These issues have been recently exacerbated due to the assessment of the "tax rulings" cases, i.e. State aid proceedings opened against the granting of individual, unpublished rulings by certain Member States to some of the largest multinationals operating in the EU, recently reviewed by the ECJ. Unlike most of the scholarly literature, which has focused on the specific issues raised in these cases, this article aims to comprehensively analyse the issues raised by the said regulations when confronted with the EU State aid regime, in line with the latest jurisprudence in this field. The examination starts by defining the aim and contradictions of the arm's length standard, which is necessary to build a proper reference framework against which deviations resulting in a selective advantage may be detected. Such derogations potentially resulting in prohibited aid may arise when assessing the scope of these regulations, the existence of specific regimes deviating from the arm's length standard rationale, and in the context of individual administrative acts (e.g. tax rulings) deviating from the content of the applicable transfer pricing regulations., Hugo López is at the Public University of Navarra, Pamplona, Spain. His contribution to the paper was partly written during a guest research visit at the Institute for Austrian and International Tax Law at the Vienna University of Economics and Business (WU) during the 2022-2023 academic year. This work was part of the research project PID2020-118854GB-I00, funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, co-led by the author and Prof. Dr. Inés Olaizola Nogales.

In Spain, the implementation of DAC6 has been carried out through Law 10/2020 of 29 December 2020 (the Law). Specifically,
this Law introduces two additional provisions to General Taxation Law 58/2003 of 17 December 2003 that deal with mandatory
disclosure rules (MDR) in a broad way. The first provision regulates the disclosure obligation on cross-border tax planning
arrangements, whereas the second elaborates on the specific obligations between individuals derived from the former. In addition,
such implementation has been completed with certain complementary measures and clarifications included in General Taxation
Regulation 1065/2007 of 27 July 2007 Regulation 243/2021 of 6 April 2021 (the Regulation)[5] and three tax disclosure
models included in Ministerial Order HAC/342/2021 of 12 April 2021 (the Order). In this sense, it should be noted that - even with the deferral due to the COVID-19 situation provided in Directive 2020/876/EU - the Law is almost a year late passed the implementation deadline established by the Directive. Similarly, both the Regulation
and the Order were approved months later and on different dates. In addition, it should be pointed out that ¿ unlike other Member
States - Spain has not approved interpretive guidelines to shed some light on many of the questions raised by these new
obligations. The only clarification given by the administration is a series of FAQs related to the tax disclosure models that add
nothing new of substance. In general lines - and as will be shown in this chapter - the MDR have been implemented in identical
terms to DAC6, making constant references to its wording and deviating from it on rare occasions., This contribution has been made within the framework of the research project "Preventive regulatory instruments in the fight against fraud and corruption" (PID2020-118854GB-I00) directed by Prof. Hugo López López and Prof. Inés Olaizola Nogales.

La aprobación de la Ley reguladora de la
protección de las personas que informen sobre infracciones
normativas y de lucha contra la corrupción responde
a la transposición tardía de la Directiva
2019/1937, relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones de Derecho de la
Unión. La ley pretende proteger frente a posibles represalias
a quienes informen, incluso anónimamente,
de la existencia de determinadas infracciones en el
seno de una entidad pública o privada, regulando del
mismo modo los sistemas de información. Esta investigación
persigue tres objetivos: en primer lugar, determinar
si la Ley de protección a la persona informante
amplía los mecanismos de protección con
relación a lo establecido en la Directiva. En segundo
lugar, si la propuesta recogida en esta ley permite respetar
las garantías básicas que deben ser reconocidas
a toda persona afectada por la información, sobre todo
en el ámbito del proceso penal y, por último, si los
mecanismos establecidos en la ley resultan o no adecuados
para aproximarse al principal objetivo perseguido
por el legislador, esto es, el descubrimiento y la
evitación de conductas irregulares, incluidas las delictivas,
que inciden sobre todo en el ámbito público., The approval of the Law regulating the
protection of people who report regulatory infractions
and the fight against corruption responds to the late
transposition of Directive 2019/1937, regarding the
protection of people who report violations of Union
law. The law aims to protect against possible reprisals
those who report, even anonymously, the existence of
certain infractions within a public or private entity,
regulating information systems in the same way. This
research pursues three objectives: first, to determine
whether the whistleblower protection law establishes
greater protection mechanisms in relation to what is
established in the Directive. Secondly, if the regulation transposition established in this Law allows to respect the basic guarantees that must be recognized to
any person affected by the information, especially in
the field of criminal proceedings and, finally, whether
or not the mechanisms established in the future law
are adequate to approach the main objective pursued
by the legislator, that is, the discovery and the avoidance of irregular conduct, including criminal conduct,
which mainly affects the public sphere., El presente trabajo se enmarca en el contexto del Proyecto de Investigación Instrumentos normativos preventivos
en la lucha contra el fraude y la corrupción PID2020-118854GB-I00, financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

La aprobación de las Directivas (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del derecho de la Unión Europea y 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes
y previsibles en la Unión Europea, implica, entre otras medidas, establecer un sistema de protección
de las personas trabajadoras frente a represalias empresariales en los supuestos de reclamación de sus derechos
laborales o por denuncias de irregularidades del derecho comunitario. Para lograrlo habría que idear un sistema
de protección específico, más allá de la inversión de la carga de la prueba y la declaración de nulidad de
los actos empresariales, que incluya los procedimientos de denuncia y reclamaciones, el sistema de sanciones o
la protección de terceros vinculados a la persona que denuncia o presenta una reclamación, aspectos que aún
no cuentan con una regulación específica en nuestro ordenamiento laboral., The approval of Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law
and Directive (EU) 2019/1152 on transparent and predictable working conditions in the European Union entails,
among other measures, establish a common system for the protection of working people against employer’s retaliation
for claiming their labor rights or reporting irregularities in community regulations. To achieve this goal it would be
necessary to devise a specific protection that contemplates all these issues, including complaint and claim procedures,
system of sanctions and the protection of third parties linked to the person who denounces or presents a claim o relation., El presente trabajo se realiza dentro del Proyecto de Investigación: «Instrumentos normativos
preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción». PID2020-118854GB-100. Universidad
Pública de Navarra.

Acceso cerrado a este documento. No se encuentra disponible para la consulta pública. Depositado en Academica-e para cumplir con los requisitos de evaluación y acreditación académica del autor/a (sexenios, acreditaciones, etc.)., El presente trabajo ha sido desarrollado en el marco de los siguientes proyectos de investigación: 1) "La prevención de la corrupción" PRO-UPNA20 (6137) Universidad Pública de Navarra 2020-2021 y 2) "Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción". PID2020-118854GB-I00.

En este artículo se analizan algunos aspectos de los servicios de justicia restaurativa que en el Estado español han tenido lugar en los últimos años, a partir de la entrevista a tres personas responsables de los mismos en las Comunidades Autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra y a tres personas mediadoras de esos mismos servicios. En total se analizan seis entrevistas. El trabajo se completa con el análisis llevado a cabo a través de la observación participante en tres casos de intervención restaurativa donde había elementos de género, derivados del servicio de justicia restaurativa de Navarra. El texto termina con unas reflexiones finales que ahondan en el necesario abordaje de los asuntos desde una mirada de género en la intervención restaurativa., This paper analyzes some aspects of the restorative justice services that have taken place in Spain in recent years, based on interviews with three persons responsible for these services in the Autonomous Communities of Catalonia, the Basque Country and Navarre and three mediators of these same services. A total of six interviews were analyzed. The work is completed with the analysis carried out through participant observation in three cases of restorative intervention where there were gender elements. The study ends with some final reflections that explore the need to approach the issues from a gender perspective in restorative interventions., El presente trabajo se enmarca en tres proyectos: Proyecto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) PID2020-118854GB-I00 sobre 'Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción', del que son IP Inés Olaizola Nogales y Hugo López López; 'Repensando el modelo de sanciones penales: de la entropía a la ordenación sistemática de las respuestas frente al delito (REPENSANCIONES)' (referencia SI3/PJI/2021-00222, IIPP: Daniel Rodríguez Horcajo y Gonzalo J. Basso), financiado por la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid (V-PRICIT) y la Universidad Autónoma de Madrid a través de la Convocatoria 2021 de ayudas a Proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid; y dentro del Grupo Consolidado de Ciencias criminológicas del IVAC/KREI.

La ejecución de la pena de prisión constituye una fase del ejercicio del ius puniendi que tradicionalmente ha recibido poca atención desde el ámbito penal. En este trabajo, se lleva a cabo un análisis jurídico-penal crítico sobre la ejecución de la pena de prisión en el Estado español y se defiende la tesis de que los principios limitadores del ius puniendi deben aplicarse en esta fase, señalando las garantías jurídicas que deben operar en consecuencia y cuáles serán sus limitaciones. Para ello, en la primera parte de este trabajo, se analizan los principios limitadores del poder punitivo, desde una perspectiva teórica, y se elabora una propuesta de fundamentación y estructuración de los principios con el objetivo de que esta sirva para analizar la ejecución penitenciaria. A continuación, se afirma la relevancia jurídico-penal de la ejecución penitenciaria y se alude a la necesidad de que la doctrina penal se ocupe de su estudio y crítica. Para ello, se analiza el sistema penitenciario español, se extraen sus rasgos fundamentales y se formula un criterio para determinar la relevancia jurídico-penal y la consecuente aplicación de los principios y la concreción de garantías jurídicas. En la segunda parte, se analizan los cambios político-criminales de las últimas décadas y sus manifestaciones en el ámbito penitenciario —entre las que destacan la generación de un Derecho penitenciario del enemigo, de un Derecho penitenciario del riesgo y de un derecho de las víctimas al encierro del agresor— las cuales evidencian, todavía en mayor medida, la necesidad de poner límites al poder punitivo en la ejecución penitenciaria. En la tercera parte, se desarrolla el criterio utilizado para determinar la relevancia jurídico-penal enunciado en la primera parte, a través de la concreción y clasificación de una serie de decisiones penitenciarias graduadoras de la libertad ambulatoria. Se analiza su regulación y se lleva a cabo una aproximación a la toma de algunas de estas decisiones en la práctica, de la que se extraen sus principales problemáticas. En la cuarta parte, se propone una aplicación de los principios limitadores a la ejecución penitenciaria y su concreción en garantías jurídicas, y se exponen sus implicaciones tanto en el modelo de ejecución de la pena de prisión como respecto de los criterios para la toma de decisiones penitenciarias. Finalmente, se reconocen las limitaciones del enfoque jurídico garantista en una institución como la cárcel. Pero, al mismo tiempo, se reivindica que aquel resulta imprescindible mientras se siga utilizando la privación de libertad como respuesta penal., "Esta tesis doctoral ha sido realizada en el marco del Proyecto de referencia PID2020-118854GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 (Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción) de la Agencia Estatal de Investigación"., Programa de Doctorado en Economía, Empresa y Derecho (RD 99/2011), Ekonomiako, Enpresako eta Zuzenbideko Doktoretza Programa (ED 99/2011)