BUSCADOR RECOLECTA

En este texto, luego de centrar el análisis en la incidencia del patriarcado en el derecho, se quieren trazar las líneas definitorias básicas de las tres corrientes del feminismo que se pueden diferenciar en relación a la cuestión penal: el feminismo carcelario, el feminismo garantista y el feminismo antipunitivista. En segundo lugar, partiendo de esta última tesis, se desarrollarán algunas claves para profundizar en el desarrollo de un feminismo atento con los peligros de las lógicas punitivas, la creación de marcos que se alejen del punitivismo como expresión del patriarcado y se acerque a otras estrategias. En este camino las sinergias con la criminología crítica, la justicia restaurativa y el garantismo penal se muestran como necesarias., In this text, after focusing the analysis on the incidence of patriarchy in law, we want to trace the basic defining lines of the three currents of feminism that can be differentiated in relation to penal issues: prison feminism, feminist guaranteeism and anti-punitive feminism. Secondly, starting from this last thesis, some key arguments will be developed to deepen in the development of a feminism attentive to the dangers of punitive logic, the creation of frameworks that move away from punitivism as an expression of patriarchy and approach other strategies. On this path, synergies with critical criminology, restorative justice and penal guaranty are necessary., The work is part of the following research project: PID2020-118854GB-I00 Instrumentos normativos preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción, IP Inés Olaizola Nogales.

La aprobación de la Ley reguladora de la
protección de las personas que informen sobre infracciones
normativas y de lucha contra la corrupción responde
a la transposición tardía de la Directiva
2019/1937, relativa a la protección de las personas
que informen sobre infracciones de Derecho de la
Unión. La ley pretende proteger frente a posibles represalias
a quienes informen, incluso anónimamente,
de la existencia de determinadas infracciones en el
seno de una entidad pública o privada, regulando del
mismo modo los sistemas de información. Esta investigación
persigue tres objetivos: en primer lugar, determinar
si la Ley de protección a la persona informante
amplía los mecanismos de protección con
relación a lo establecido en la Directiva. En segundo
lugar, si la propuesta recogida en esta ley permite respetar
las garantías básicas que deben ser reconocidas
a toda persona afectada por la información, sobre todo
en el ámbito del proceso penal y, por último, si los
mecanismos establecidos en la ley resultan o no adecuados
para aproximarse al principal objetivo perseguido
por el legislador, esto es, el descubrimiento y la
evitación de conductas irregulares, incluidas las delictivas,
que inciden sobre todo en el ámbito público., The approval of the Law regulating the
protection of people who report regulatory infractions
and the fight against corruption responds to the late
transposition of Directive 2019/1937, regarding the
protection of people who report violations of Union
law. The law aims to protect against possible reprisals
those who report, even anonymously, the existence of
certain infractions within a public or private entity,
regulating information systems in the same way. This
research pursues three objectives: first, to determine
whether the whistleblower protection law establishes
greater protection mechanisms in relation to what is
established in the Directive. Secondly, if the regulation transposition established in this Law allows to respect the basic guarantees that must be recognized to
any person affected by the information, especially in
the field of criminal proceedings and, finally, whether
or not the mechanisms established in the future law
are adequate to approach the main objective pursued
by the legislator, that is, the discovery and the avoidance of irregular conduct, including criminal conduct,
which mainly affects the public sphere., El presente trabajo se enmarca en el contexto del Proyecto de Investigación Instrumentos normativos preventivos
en la lucha contra el fraude y la corrupción PID2020-118854GB-I00, financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión recoge en su artículo 26 la obligación para los Estados miembros de implementar sus disposiciones en nuestra legislación antes del 17 de diciembre de 2021 y ello irremediablemente provocará cambios en nuestro ordenamiento jurídico. En este momento se han presentado en las Cortes Generales tres proposiciones de ley, presentadas por distintos grupos parlamentarios, que tienen por objeto la trasposición de la Directiva También algunas Comunidades Autónomas han abordado desde diferentes perspectivas
la protección de los denunciantes., Proyecto de Investigación PID2020-118854GB-I00

La aprobación de las Directivas (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen
sobre infracciones del derecho de la Unión Europea y 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes
y previsibles en la Unión Europea, implica, entre otras medidas, establecer un sistema de protección
de las personas trabajadoras frente a represalias empresariales en los supuestos de reclamación de sus derechos
laborales o por denuncias de irregularidades del derecho comunitario. Para lograrlo habría que idear un sistema
de protección específico, más allá de la inversión de la carga de la prueba y la declaración de nulidad de
los actos empresariales, que incluya los procedimientos de denuncia y reclamaciones, el sistema de sanciones o
la protección de terceros vinculados a la persona que denuncia o presenta una reclamación, aspectos que aún
no cuentan con una regulación específica en nuestro ordenamiento laboral., The approval of Directive (EU) 2019/1937 on the protection of persons who report breaches of Union law
and Directive (EU) 2019/1152 on transparent and predictable working conditions in the European Union entails,
among other measures, establish a common system for the protection of working people against employer’s retaliation
for claiming their labor rights or reporting irregularities in community regulations. To achieve this goal it would be
necessary to devise a specific protection that contemplates all these issues, including complaint and claim procedures,
system of sanctions and the protection of third parties linked to the person who denounces or presents a claim o relation., El presente trabajo se realiza dentro del Proyecto de Investigación: «Instrumentos normativos
preventivos en la lucha contra el fraude y la corrupción». PID2020-118854GB-100. Universidad
Pública de Navarra.