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El arbitraje no es otra cosa que una institución que permite a los justiciables dirimir las contiendas surgidas entre ellos sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado. De este modo, si las partes en conflicto así lo quieren y se comprometen previamente a aceptar lo que se decida, pueden someter la controversia a la decisión (laudo) de uno o varios particulares o de una corporación o asociación creada al efecto; permitiendo, de esta manera, la solución del conflicto planteado. La resolución de conflictos por vía judicial encuentra así en esta vía una alternativa que permite a los justiciables utilizar un pro­cedimiento que cuenta, junto con todas las garantías procesales, una serie de ventajas añadidas que guardan relación con factores como la flexibilidad o la rapidez del procedimiento., La presente obra es el resultado de los estudios realizados en el marco del proyecto de investigación PID2020-113349GB-I00 financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Las relaciones de consumo se han convertido en la sociedad actual
en un fenómeno intrínsecamente natural y masivo. Así, diariamente son
millones las personas que contratan presencialmente, vía telefónica u online
bienes y servicios, y con no poca frecuencia esas transacciones dan
lugar a conflictos de todo tipo que afectan a los intereses económicos de
las partes, especialmente, por su mayor vulnerabilidad, a la de los consumidores
y usuarios., Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras
y usuarias en la efectividad de sus derechos: Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos'
dirigido por los profesores doctores D. Rafael Lara González (IP1) y D. Manuel Richard González (IP2). Número de referencia
PID2020-113349GB-I00 (financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033).

El conflicto es un hecho intrínseco en nuestra vida y el mercado financiero se ha demostrado, por su propia dinámica, como un campo
especialmente abonado para que de él surjan distintas controversias que precisan de cauces adecuados a fin de que sean resueltas, sin tener que
acudir en todo caso a los tribunales de justicia. Siendo así el surgimiento de posiciones contrapuestas una suerte natural del devenir ordinario en
el seno del sector financiero, se revela crucial contar, en similar coherencia, con vías propias para superar las diferencias que se manifiesten en
este específico entorno económico., Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras
y usuarias en la efectividad de sus derechos: Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos'
dirigido por los profesores doctores D. Rafael Lara González (IP1) y D. Manuel Richard González (IP2). Número de referencia
PID2020-113349GB-I00 (financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033).

El día 17 de marzo de 2022 fue publicada en el BOE la Orden
TMA/201/2022 de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento
de resolución alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo
sobre los derechos reconocidos en el ámbito de la Unión Europea en materia
de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque,
cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las
personas con discapacidad o movilidad reducida -en adelante, la Orden
TMA/201/2022 o la Orden-. De este modo se daba cumplimiento al
mandato contenido en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2017,
de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo., Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras
y usuarias en la efectividad de sus derechos: Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos'
dirigido por los profesores doctores D. Rafael Lara González (IP1) y D. Manuel Richard González (IP2). Número de referencia
PID2020-113349GB-I00 (financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033).

El legislador europeo ha desarrollado, como alternativa a los procedimientos
judiciales, un marco jurídico que los Estados miembros deben
implementar para garantizar un acceso eficiente a la reparación de los
consumidores en la UE cuando los consumidores solicitan reparación
por los daños que pueden causarles los comerciantes. Tiene su base jurídica
en el art. 114 del TFUE relativo a la realización del mercado interior
que confiere a la UE competencia para adoptar medidas para la aproximación
de las normas nacionales relativas al establecimiento y funcionamiento
del mercado.
Este marco jurídico de armonización mínima de la normativa, que
debe aplicarse por igual en toda la UE, ofrece, no obstante, a los Estados
miembros un amplio margen de discreción para diseñar los sistemas de
resolución alternativa de litigios., Trabajo de investigación realizado en el marco del Proyecto de Investigación de I+D+I concedido en el marco del programa operativo titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras y usuarias en la efectividad de sus derechos. Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos' PID2020-113349GB, IP 1 Rafael Lara González, IP 2: Manuel Richard González de la Universidad Pública de Navarra.

Como es sabido, la resolución de la mayoría de las controversias que surgen en el ámbito del Derecho marítimo se lleva a cabo a través del
arbitraje, siendo este el método por el que más tienden a decantarse las partes involucradas en tales controversias. Este mecanismo alternativo
de solución de conflictos en el ámbito marítimo es el que se conoce como arbitraje marítimo, entendido como aquel tiene por objeto la resolución
de conflictos comerciales marítimos.
En concreto, el sector del ámbito marítimo cuyas disputas tienden a resolverse a través de esta clase de arbitraje es, destacadamente, el transporte
marítimo de mercancías bajo póliza de fletamento (charter parties) y bajo conocimiento de embarque (bill of lading), siendo una práctica
habitual que las pólizas de fletamento incluyan una cláusula de sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje. De hecho, la contratación
del transporte marítimo internacional se desarrolla fundamentalmente utilizando los formularios que elaboran las asociaciones de navieros y
armadores internacionales, en los que con habitualidad se incorporan cláusulas de ley aplicable y de jurisdicción o de arbitraje, con una eficacia
que alcanza no solo a las partes del contrato, sino también a los terceros adquirientes de los conocimientos de embarque., Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras
y usuarias en la efectividad de sus derechos: Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos'
dirigido por los profesores doctores D. Rafael Lara González (IP1) y D. Manuel Richard González (IP2). Número de referencia
PID2020-113349GB-I00 (financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033).

En este trabajo voy a abordar dos cuestiones que se hallan profundamente
entrelazadas. En primer lugar, los procedimientos alternativos
de resolución de conflictos con especial atención al arbitraje de consumo.
En segundo lugar, a la tecnología que se pueda aplicar a dichos procedimientos.
Atendiendo especialmente aquí a la utilización de herramientas
tecnológicas para la resolución de los conflictos. Y, entre estas, la inteligencia
artificial que pudiera servir para la resolución automatizada
de reclamaciones de consumo sustanciadas on-line. Precisamente, en el
momento presente nos hallamos en una situación de cambio evidente., Esta obra ha sido elaborada en el marco del Proyecto de Investigación titulado 'El empoderamiento de las personas consumidoras
y usuarias en la efectividad de sus derechos: Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos'
dirigido por los profesores doctores D. Rafael Lara González (IP1) y D. Manuel Richard González (IP2). Número de referencia
PID2020-113349GB-I00 (financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033).