Pasar al contenido principal

NUEVOS RETOS DE GENERO DEL DERECHO PROBATORIO

PID2020-115304GB-C22

•
Nombre agencia financiadora Agencia Estatal de Investigación
Acrónimo agencia financiadora AEI
Programa Programa Estatal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad
Convocatoria Proyectos de I+D+i (Generación de Conocimiento y Retos Investigación)
Año convocatoria 2020
Plan Estatal 2017-2020 Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
Centro beneficiario UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Resultados relacionados

Resultados totales (Incluyendo duplicados): 4
Encontrada(s) 1 página(s)

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

Tratamiento procesal de las contradicciones en la declaración de la víctima de violencia de género

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

Una aproximación al Jurado Popular Mixto de la Segunda República

Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Publicación Artículo científico (JournalArticle)

La declaración de la víctima de violencia de género como única prueba de cargo, The statement of the victim of gender violence as the only evidence for the prosecution

  • Reynal Querol, Núria|||0000-0001-8885-4569
El trabajo analiza la necesaria suficiencia de la declaración de la víctima de violencia de género para fundamentar una sentencia de condena cuando constituye la única prueba incriminatoria. Otorgar el valor de única prueba de cargo a la declaración de la víctima requiere encontrar un equilibrio entre dos elementos fundamentales: el derecho a la presunción de inocencia del presunto autor del delito y la expectativa de justicia de la víctima. A estos efectos, el Tribunal Supremo ha establecido unos parámetros que permiten determinar cuándo la declaración de la víctima puede adquirir el valor de prueba testifical incriminatoria: credibilidad, uniformidad, corroboración y persistencia. Ahora bien, las circunstancias particulares en que se encuentra la víctima de violencia de género obligan a una adaptación de estos requisitos establecidos con carácter general. Su análisis desde la óptica de la perspectiva de género ayuda al juez a valorar la declaración emitida minimizando el riesgo de insuficiencia probatoria., The work analyzes the necessary sufficiency of the statement of the victim of gender violence to support a conviction when it constitutes the only incriminating evidence. Granting the value of the victim's statement as the only evidence of the prosecution requires finding a balance between two fundamental elements: the right to the presumption of innocence of the alleged perpetrator of the crime and the victim's expectation of justice. To this end, the Supreme Court has established parameters that make it possible to determine when the victim's statement can acquire the value of incriminating witness evidence: credibility, uniformity, corroboration and persistence. However, the circumstances in which the victims of gender violence find themselves make it necessary to adapt to these generally established requirements. Its analysis from the perspective of the gender perspective helps the judge to assess the statement issued, minimizing the risk of insufficient evidence.
Minerva. Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela
Publicación Capítulo o parte de un libro (BookPart)

Derecho de visitas y estancia en supuestos de violencia de género. TC legislador contra legem

  • Rodríguez Boente, Sonia Esperanza
El artículo 94 del Código Civil, apartado 4º, modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, quedando redactado como sigue: «No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial. No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior (…)». Tenemos por tanto, a partir de este artículo que, en una resolución judicial sobre el derecho de visitas, comunicación y estancia en supuestos de violencia de género es preciso distinguir tres situaciones: 1ª. Condenado a pena de prisión por violencia de género con sentencia firme sin suspensión de la entrada en prisión (el artículo habla de situación fáctica de prisión): no se puede establecer régimen de visitas o estancia. 2ª. Prisión provisional por este delito: tampoco cabe establecer el régimen de visitas o estancias. 3º. Proceso vivo: inculpado por violencia de género o cuando existan indicios de existencia de violencia de género o doméstica: con carácter general se debe suspender el régimen de visitas; sólo excepcionalmente, en atención al interés del menor y teniendo en cuenta la relación paternofilial se puede acordar. 4ª. Condena por violencia de género sin pena de prisión; supuestos, por ejemplo, de injurias leves que no traen aparejada pena de prisión. Y supuestos en los que ha habido condena a pena de prisión, pero se ha suspendido, teniendo en cuenta que hay figuras delictivas en las que la pena de prisión va de 6 meses a 1 año (lesiones leves, por ejemplo) y en el 99% de los casos se suspende la entrada en prisión si no hay antecedentes. En estos casos, el artículo 94.4º no ofrece indicación alguna: hay una laguna, para cuya integración pienso que habría que aplicar, por analogía, la misma solución que en la situación 3ª que para los supuestos de procesos vivos o de indicios de violencia. En la STC 106/2022, el TC ha establecido una interpretación que no se deduce de la dicción literal del precepto; que no es, por tanto, una de las lingüísticamente posibles. Ha interpretado que la facultad de decidir sobre el establecimiento o no del derecho de visita, comunicación o estancia forma parte de la capacidad discrecional del juez. Y es cierto, pero ha omitido que el legislador ha acotado esa discrecionalidad. Es preciso que el órgano judicial incline la balanza hacia la suspensión y sólo excepcionalmente hacia el establecimiento de un régimen de visitas, estancia y comunicación. Haciendo esto, el TC ha desconocido su propia doctrina sobre la interpretación conforme. La interpretación del TC tampoco se sigue de una interpretación psicológica (voluntad del legislador) ni finalística o teleológica (fin objetivo perseguido por la norma) ni sociológica (circunstancias sociales del tiempo en que la norma ha de ser aplicada). En definitiva, en la Sentencia 106/2022, el TC ha desconocido el principio de legalidad, esencial en un Estado de Derecho.