- Rodríguez Boente, Sonia Esperanza
El artículo 94 del Código Civil, apartado 4º, modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, quedando redactado como sigue:
«No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
No procederá en ningún caso el establecimiento de un régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión, provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior (…)».
Tenemos por tanto, a partir de este artículo que, en una resolución judicial sobre el derecho de visitas, comunicación y estancia en supuestos de violencia de género es preciso distinguir tres situaciones:
1ª. Condenado a pena de prisión por violencia de género con sentencia firme sin suspensión de la entrada en prisión (el artículo habla de situación fáctica de prisión): no se puede establecer régimen de visitas o estancia.
2ª. Prisión provisional por este delito: tampoco cabe establecer el régimen de visitas o estancias.
3º. Proceso vivo: inculpado por violencia de género o cuando existan indicios de existencia de violencia de género o doméstica: con carácter general se debe suspender el régimen de visitas; sólo excepcionalmente, en atención al interés del menor y teniendo en cuenta la relación paternofilial se puede acordar.
4ª. Condena por violencia de género sin pena de prisión; supuestos, por ejemplo, de injurias leves que no traen aparejada pena de prisión. Y supuestos en los que ha habido condena a pena de prisión, pero se ha suspendido, teniendo en cuenta que hay figuras delictivas en las que la pena de prisión va de 6 meses a 1 año (lesiones leves, por ejemplo) y en el 99% de los casos se suspende la entrada en prisión si no hay antecedentes. En estos casos, el artículo 94.4º no ofrece indicación alguna: hay una laguna, para cuya integración pienso que habría que aplicar, por analogía, la misma solución que en la situación 3ª que para los supuestos de procesos vivos o de indicios de violencia.
En la STC 106/2022, el TC ha establecido una interpretación que no se deduce de la dicción literal del precepto; que no es, por tanto, una de las lingüísticamente posibles. Ha interpretado que la facultad de decidir sobre el establecimiento o no del derecho de visita, comunicación o estancia forma parte de la capacidad discrecional del juez. Y es cierto, pero ha omitido que el legislador ha acotado esa discrecionalidad. Es preciso que el órgano judicial incline la balanza hacia la suspensión y sólo excepcionalmente hacia el establecimiento de un régimen de visitas, estancia y comunicación. Haciendo esto, el TC ha desconocido su propia doctrina sobre la interpretación conforme. La interpretación del TC tampoco se sigue de una interpretación psicológica (voluntad del legislador) ni finalística o teleológica (fin objetivo perseguido por la norma) ni sociológica (circunstancias sociales del tiempo en que la norma ha de ser aplicada).
En definitiva, en la Sentencia 106/2022, el TC ha desconocido el principio de legalidad, esencial en un Estado de Derecho.