A los pocos meses de iniciada la Guerra Civil, el Gobierno de la República promulgó un decreto en el que se puso de manifiesto que muchos comerciantes e industriales elevaban en cuantía inmoderada el precio de los artículos de primera necesidad, amenazando, incluso, con provocar crisis económicas. Se recordó que estas acciones ya estaban definidas como delictivas por el Código penal, pero que, en tiempo de guerra, tales hechos alcanzaban un significado de grave hostilidad. Por ello, consideró que debía incrementar el rigor punitivo para acabar con tales abusos, lo que se tradujo en la aprobación del decreto de 10 de diciembre de 1936. Para empezar, se amplió la jurisdicción de los jurados de urgencia, creados justo dos meses antes, para que conocieran de los comportamientos relacionados con esta materia, calificados como actos de hostilidad y desafección al régimen. Entre los mismos, estaban alterar, sin causa debidamente justificada o con infracción de bandos, disposiciones u órdenes dictadas por autoridades gubernativas o municipales, el precio, calidad, peso, racionamiento o distribución de artículos de comer o beber; ocultarlos con ánimo de acaparamiento; cometer cualquier otra irregularidad susceptible de perturbar el normal abastecimiento o intentar, con alguno de los fines o móviles expresados, maquinaciones o fraudes mencionados en el Código penal. Especialmente llamativas fueron las causas seguidas contra mujeres que fueron condenadas por la venta de productos de primera necesidad por encima de los precios oficiales, por acaparamiento y ocultación, manipulación de pesos o incumplimiento de las normas sobre racionamiento, aunque tampoco faltaron aquellas que se vieron libres de sanción, al estimar las autoridades republicanas que los hechos enjuiciados carecieron de relevancia.